26 de December de 2009 00:00

La ley es indispensable

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Alberto Acosta*

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La decisión de cerrar temporalmente Teleamazonas y clausurar   la Voz del Arutam no es apegada a derecho.

En el numeral 3 del artículo 76 de la Constitución  se establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por acto u omisión que no esté tipificado como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la Ley.  En la Ley de Radiodifusión y Televisión no aparece la sanción impuesta, sino en el Reglamento…

Hace   tiempo   se quitó a los monarcas la capacidad de tipificar arbitrariamente como infracciones los actos de las personas y, peor aún, disponer sanciones. Por eso,  más que nunca requerimos una ley para frenar los abusos del poder gubernamental y  el poder oligárquico.

El gran objetivo debería ser garantizar la libertad de expresión irrestricta de todos, no sólo de  los comunicadores sociales. Esto implica establecer normas que aseguren el acceso de la ciudadanía a los medios, su democratización  y transparencia.

Esto lleva a eliminar oligopolios o monopolios en la propiedad de los medios. Igual los bancos, por mandato constitucional, no deben ser propietarios de medios.

Hay que establecer mecanismos claros para revertir inmediatamente la concentración de frecuencias de radio y TV.  Este fue un proceso de apropiación indebida de bienes públicos.

El Gobierno tampoco debería concentrar medios. El funcionamiento de este servicio público debe asegurar su universalización. Los medios que controla el Estado deben  ser manejados por las principales universidades públicas. Igual hay que fortalecer los medios comunitarios, que deberían tener participación equitativa en el reparto de frecuencias y  en  la publicidad oficial. La precarización laboral de muchos periodistas, una de las causas de la desinformación y la manipulación de la información, debe ser erradicada.

Hay que  desarrollar el derecho a recibir información veraz y verificable; complemento indispensable de la libertad de expresión, que no puede ser confundida con libertad de empresa de los medios. El derecho de rectificación vale para todos, sin privilegios odiosos para los gobernantes.

Para conseguir esa ley debemos desterrar todas las actitudes que frenan su discusión y aprobación. No se puede tolerar la prepotencia del Régimen.
Tampoco es aceptable la manipulación de algunos medios, sobre todo los más grandes e influyentes, que enrarecen la discusión catalogando a priori el proyecto  como “ley mordaza”.

La gran tarea de la ciudadanía es democratizar los medios, única vía que asegurará una genuina libertad de expresión.

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