28 de November de 2009 00:00

La Ley de Extranjería es aprobada en España

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Roxana Cazco.  Corresp. en España

Se veía venir. La reforma a la Ley de Extranjería aprobada en el Pleno parlamentario el 29 de octubre obtuvo el jueves luz verde definitiva con 180 votos a favor y 163 en contra.
Antes, el Senado también la ratificó en tiempo récord el  18 de noviembre.

Cuando entre en vigor será legal privarle de su libertad a un inmigrante por no tener documentación española, por 60 días, y no por 40 como ahora, antes de expulsarle del país. Los padres menores de 65 años de un extranjero no podrán ser reagrupados, salvo casos excepcionales; y para traer a los mayores se requerirán cinco años de residencia legal y no uno como hasta ahora.

A las inmigrantes irregulares víctimas de violencia de género se les abrirá un expediente de expulsión cuando acudan a denunciar a una comisaría, aunque este quedará en suspenso hasta que se dicte sentencia. Además, los inmigrantes indocumentados mayores de edad no podrán acceder a la educación superior.

Estos son algunos de los aspectos más restrictivos de la ley, criticada por más de 500 ONG e instituciones de prestigio como el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE); Cruz Roja, Amnistía Internacional o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Así como las asociaciones de inmigrantes.

Sin embargo, también hay avances en la reforma. Entre ellos que las ONG puedan ingresar a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la elaboración de un reglamento para su funcionamiento. También la autorización para trabajar a los reagrupados mayores de 16 años y ciertas medidas de protección a las extranjeras víctimas de violencia de género. La nueva ley contempla avances en cuanto a la lucha contra el maltrato femenino.

Por ejemplo, que una reagrupada víctima de violencia de género obtenga una autorización de residencia y trabajo independiente de su cónyuge (actualmente su tarjeta es solo de residencia y depende de su esposo). 49 mujeres han fallecido este año víctimas de estos delitos, 16 eran extranjeras, (32%), cifra alta si se considera que la población inmigrante en España representa el 12%. 

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