4 de diciembre de 2017   00:00

Ley económica, aprobada por el Pleno, ahora rendirá USD 60 millones al año

La Asamblea aprobó proyecto de Ley económico urgente el miércoles. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Redacción Negocios y
Patricia González (I)

El proyecto de Ley económica urgente, tal como fue aprobado por la Asamblea el miércoles, 29 de noviembre del 2017, generará una recaudación de USD 60 millones al año, lo que supone USD 140 millones menos respecto de la meta inicial prevista por el Ejecutivo.

Pese a ello, según el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, “esto está demostrando claramente que no hubo una intención recaudatoria”.

El titular del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, señaló que la brecha deberá suplirse con mayor eficiencia en la recaudación.

El Gobierno evalúa factores técnicos y políticos para tomar una decisión sobre el futuro de la Ley, dijo De la Torre. El Ejecutivo tiene hasta fines de mes para sancionar el proyecto.

Entre las opciones no solo está la objeción parcial, sino incluso vetar totalmente la iniciativa legal o enviarla directamente al Registro Oficial para su publicación sin cambios.

Pese a que el Legislativo modificó en un 65% el proyecto inicial, el titular de Finanzas consideró que la mayoría de artículos mantiene “lo fundamental”, que son los incentivos tributarios para micro y pequeñas empresas.

Pese a ello reconoció que no se debió excluir a la decimotercera remuneración para el pago del impuesto a la renta (IR), porque esto implica USD 50 millones menos para el Fisco.

Otro aspecto que preocupa al Ejecutivo es la eliminación de la propuesta para que el manejo del dinero electrónico pase a la banca privada. La propuesta del Gobierno es crear un sistema mixto que incluya al sistema financiero privado.

Julio José Prado, director de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), anticipó hace unos días que el sector no participará en un sistema mixto. Además, dijo que pedirá al Ejecutivo vetar el artículo que obliga al sistema financiero a responsabilizarse por la liquidez de la economía.

Otros gremios también piden objeciones al proyecto. Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), indicó que buscará espacios de diálogo con el Gobierno para plantear las observaciones a la Ley. Entre los puntos en los que insistirá el gremio están: volver a la fórmula que permitía cancelar el anticipo del impuesto a la renta (IR) sobre las utilidades y eliminar la corresponsabilidad de la banca en la liquidez de la economía.

En materia institucional, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) considera incorrecto que se le otorgue poder al Ministerio de Finanzas dentro del Comité de Comercio Exterior en la toma de decisiones relacionadas con la política comercial.

Este gremio también está en desacuerdo con la eliminación de las deducciones a la jubilación patronal y al desahucio para el pago del impuesto a la renta de empresas y con la exclusión de los sectores de servicios y comercial en la devolución de 10 puntos del IR si hay reinversión de utilidades. “Es una ley en contra del sector comercial”, subrayó Patricio Alarcón, titular de la CCQ.

La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi) propondrá la ampliación del anticipo del IR para todas las pequeñas empresas; es decir, aquellas que facturan hasta USD 1 millón.

El director de este gremio, Christian Cisneros, indicó que, además, quedan otros temas pendientes por resolver, que fueron propuestos en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario y que no se incluyeron en el proyecto de ley. “Son cerca de 300 propuestas que quedaron pendientes”, precisó el representante.

Entre esos temas mencionó el 0,5% del aporte patronal que estaba destinado al fondo nacional de capacitación y que ahora va al Fisco, la implementación de una ley de pymes y otra de emprendimiento, acceso a créditos y la creación de zonas industriales. “Son temas que debían tomarse en cuenta en la ley, fue el resultado del diálogo que se mantuvo a escala nacional”, subrayó.

Sobre un posible veto, De la Torre enfatizó: “Estableceremos si vale o no la pena entrar nuevamente en un proceso que puede ser también complejo”.

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