19 de December de 2009 00:00

La ley de drogas

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Coletta Youngers

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COLETTA YOUNGERS

Una delegación internacional de expertos en políticas de drogas, organizada por la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA) y el Instituto Transnacional (TNI) recientemente visitó la cárcel de mujeres El Inca, donde 85% de la población ahí está por delitos de drogas. El hacinamiento extremo de las prisiones ecuatorianas es en su mayoría causado por infractores menores, e incluso personas inocentes atrapadas en una red de injusticia, arbitrariedad y corrupción.

El problema está en que la ley actual de drogas no distingue entre consumidores, mulas, traficantes de menor tamaño o grandes criminales. Aquellos en las cárceles pertenecen al nivel más bajo de la pirámide del narcotráfico: consumidores, vendedores de esquina y mulas; de hecho, es difícil encontrar a algún traficante grande en las prisiones de Ecuador. Aquellos pocos que pueden pagar un abogado se enfrentan a un sistema donde la gran mayoría de los abogados no quieren “perjudicar” su carrera defendiendo a un supuesto narcotraficante. Debido a este  estigma, los jueces temen absolver a los acusados de delitos de drogas.  Las personas quedan desprotegidas y con pocas probabilidades de ser liberadas aun siendo inocentes.

Una vez sentenciados enfrentan algunas de las penas más  duras del continente, entre 12 y 25 años; sentencias por demás desproporcionadas respecto a otros delitos. Por ejemplo, el asesinato conlleva una sentencia máxima de 16 años. Como resultado, un traficante menor, que pudo haber caído en el mercado ilícito para alimentar a sus hijos, puede recibir una sentencia más alta que un asesino.

Los factores socioeconómicos fuerzan a los pobres, particularmente mujeres, a ingresar a la microcomercialización. En El Inca una mujer nos decía: “No conseguía trabajo, así que empecé a vender drogas para alimentar a mis hijos. Ganaba apenas tres dólares diarios”. Al salir de prisión, su oportunidad laboral es peor por los antecedentes penales.

Para ser más eficaces y humanos  urge una seria reforma a la ley de drogas que restablezca la proporcionalidad de las sentencias y asegure el acceso  a una defensa adecuada. A la par, se debe priorizar la provisión de empleo y servicios sociales para aquellos que en la desesperación recurren a la economía de las drogas. Los policías deberían enfocarse en la punta de la pirámide del tráfico, en vez de en los eslabones más bajos, ya que enfocarse en las mulas o traficantes menores no disminuye la  droga disponible: se detiene a una mula, y al día siguiente, el narcotraficante líder contrata a dos más. Hemos sido duros contra el narcotráfico sin lograr nada. Ahora toca ser estratégicos.

Columnista invitada

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