Redacción Política
Un Estado que lo puede ver todo y controlar todo fue el principal temor que apareció con la discusión de la Ley Nacional de Registros de Datos.
En el proyecto que llegó a la Asamblea se creaba un organismo para que maneje y organice, sin restricción, toda la información recopilada en los registros civil, de la propiedad, mercantil, societario, datos de conectividad electrónica, bancarios, de propiedad vehicular, de naves, patentes, de la propiedad y otros.
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son necesarios para aprobar esta ley, porque es considerada como ordinaria.Esta nueva entidad será la Dirección Nacional de Registro, que estaría adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Y su intención inicial era articular una política para agrupar los datos dispersos en las instituciones públicas y que todos puedan acceder. Sin embargo, el recelo también se evidenció en el Pleno de la Asamblea.
En el primer debate del cuerpo legal, que fue el 25 de septiembre pasado, se pidió que la información reservada de las personas permanezca en secreto y que el control no sea solo estatal.
Otras leyes a debate
Mañana está previsto que se debata por primera ocasión la Ley del Servicio Público. Este cuerpo legal cambiará las normas que rigen a unos 300 000 funcionarios estatales.
La próxima semana está considerado que se discutan las leyes orgánicas de Educación Superior y Recursos Hídricos. Estos proyectos han causado polémica entre el Gobierno y los sectores involucrados.Un ejemplo, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, dijo que el trabajo de los registros Civil y de la Propiedad deben ser manejados no solo por el Estado, sino también por los municipios.
Con esas observaciones, el proyecto legal volvió a la Comisión de Régimen Económico. Sus miembros debatieron por 40 días los cambios. El jueves pasado, ellos se reunieron para finiquitar la redacción por el informe y estaba previsto que ayer lo entregue a la dirección de la Asamblea, para que lo coloque en el orden del día. Betty Amores, parte de la Comisión, señaló que en la discusión se aceptaron varios de los cuestionamientos.
Principalmente se crearon tres categorías para la conservación de la información de los ciudadanos. Una es llamada “personalísima” y reserva los datos confidenciales. Por ejemplo, el manejo de cuentas bancarias, tarjetas de crédito… A ella solo se puede acceder con una autorización de la persona o con una orden judicial.
En la segunda clase se encuentran datos sobre propiedades personales. A ellos se deberá acceder con una solicitud motivada, que explique el uso que se le dará.
En la tercera clase están los datos que ahora ya son públicos. Entre ellos, pago de impuestos, padrones electorales, de estudios superiores, etc. Acceder a estos datos no tendrá costo.
Además, en el proyecto legal se establece que la persona que estará al frente de la Dirección Nacional de Registro de Datos sea nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana, quien deberá realizar un selección por sus méritos y experiencia.