2 de enero de 2015 15:13

La Ley antitabaco en Uruguay dispara la venta ilegal, según quiosqueros

Imagen de referencia. Foto: Archivo El Comercio.

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Agencia EFE
Montevideo, Uruguay

La Asociación de Kioscos del Uruguay (Akisaqu) afirmó hoy, 2 de enero, que la legislación antitabaco vigente en el país, que grava en gran medida su venta, ha provocado que en los últimos tres años haya crecido "un disparate" el contrabando de cigarros, que mueve, añadió,  USD 50 000 millones al año.

El presidente de esta agrupación, Claudio Orrego, explicó que mientras una cajetilla de tabaco cuesta en la actualidad en el país suramericano en torno a 80 pesos (USD 3,29 ), en el mercado ilegal se puede obtener por alrededor de 25 pesos ( USD 1,03 ).

"Del mercado total, la presencia del tabaco ilegal en Uruguay está en el 32 %. La tercera marca más vendida es de contrabando", ejemplificó Orrego, quien señaló que se comercializan USD 50 000 millones anuales por la venta ilegal de tabaco en el país.

Dicha actividad ha crecido "un disparate" en los últimos tres años, según los datos que maneja la asociación.

De los suburbios de Montevideo, el contrabando de cigarrillos pasó a ferias vecinales y mercadillos como los de Tristán Narvaja, en el centro de la ciudad y el del barrio de Piedras Blancas, en los que los vendedores se filtran "con una mesa y un cajoncito" y venden el tabaco procedente sobre todo de Paraguay, según Akisaqu.

Uruguay cuenta desde 2006 y promovida por el presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), oncólogo de profesión, con una estricta legislación antitabaco que prohíbe su publicidad, promoción y patrocinio en el país, así como el consumo de cigarrillos en oficinas, bares, restaurantes y lugares cerrados.

Con la llegada de 2015, dos meses antes de que Vázquez ocupe de nuevo la presidencia tras vencer la segunda vuelta electoral del 30 de noviembre, el Gobierno de José Mujica incrementó el gravamen sobre el tabaco por primera vez en los cinco años de esta legislatura a través del aumento del Impuesto Específico Interno (IMESI).

"Todo lo que es política de salud la vemos muy bien y aquellos no fumadores estamos muy agradecidos porque protegen al no fumador", destacó el presidente de Akisaqu, para quien la "equivocación" viene por incrementar con impuestos y armar una "brecha insalvable" de precios entre la venta legal e ilegal.

Además, desde el 1 de enero, un cartel en blanco y negro con la oferta de los productos, acompañada por sus precios y potenciales riesgos para la salud, es la única promoción que pueden llevar a cabo los comercios uruguayos de tabaco y sus derivados.

Incumplir la norma podrá acarrear multas de hasta USD 20 000 , algo que recibió fuertes críticas por parte de los quiosqueros.

"Por una cuestión lógica nadie se levanta una mañana, va hasta el quiosco a comprar una lapicera, ve una cajetilla y se inicia como fumador", opinó Orrego, tras expresar que es en su entorno próximo cuando una persona prueba un cigarrillo o un "porro", "no por entrar a un kiosco y ver una cajetilla".

Para Akisaqu, esta política restrictiva contra la venta del tabaco es contradictoria con la ley que regula la venta y el cultivo de la marihuana desde diciembre de 2013.

Una encuesta reciente de la Junta Nacional de Drogas reveló un descenso en el consumo de alcohol y cigarrillos entre los adolescentes y esclareció que por primera vez el consumo de marihuana supera al del tabaco.

"Sacar la marihuana y esconder el cigarrillo resulta muy confuso. Nadie lo entiende", añadió Orrego.

Según datos de la Dirección General Impositiva (DGI), publicados hoy por el rotativo El País, en los nueve primeros meses de 2014 se notó un crecimiento en la cantidad de cajetillas vendidas, aunque la cifra sigue siendo muy inferior a las de 10 años atrás, antes de que se incrementara la carga impositiva sobre estos productos, en el marco de la política antitabaco desarrollada por el gobierno del Frente Amplio.

De enero a septiembre de 2014 se registraron 89,8 millones de cajetillas vendidas, la mayor cifra desde 2009, cuando en el mismo período de ese año se habían colocado 94,2 millones.
Estas cifras no toman en cuenta los cigarrillos que aunque legalmente al país no se facturan, como tampoco el mercado de contrabando.

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