Redacción Política
La Asamblea inició la discusión, en primer debate, del proyecto de la Ley de Recursos Hídricos, una propuesta que enfrentó al Gobierno y al movimiento indígena.
La creación de la Autoridad Única del Agua, la participación de los gobiernos seccionales en la administración de estos recursos, la disposición de que en un plazo de dos años las empresas que exploten este recurso se constituyan en empresas de economía mixta… fueron algunos de los puntos de debate entre el oficialismo y la oposición.
El informe de la Comisión de Soberanía Alimentaria recomienda que, en un plazo de dos años, las empresas dedicadas al embotellamiento de agua para consumo humano, las dedicadas a actividades turísticas… se transformen en entidades de economía mixta. En ellas el accionista mayoritario sería el Estado.
El asambleísta Pedro de la Cruz (Alianza País) defendió que el Estado tenga la mayoría de acciones. Su argumento es que son las compañías de mayor rentabilidad en los últimos años.
Incluso, presentó estadísticas y dijo que en 2006 tuvieron ventas superiores a los USD 300 millones.
En el debate se evidenció que en ese tema hay un desacuerdo en el interior de oficialismo. Jimmy Pinoargote (ADE), que es afín al Gobierno, dijo que no está de acuerdo con la propuesta porque perjudicaría al sector. Aseguró que alrededor de 4 000 plazas de trabajo se verían afectadas.
También hay otros artículos que causan discordia. Ayer, los delegados de los ganaderos, agricultores, avicultores, cañicultores, palmicultores, brocoleros y de los sembradores de bosques expusieron su preocupación.
Bolívar Cevallos, titular de la Cámara de Agricultura de la I Zona, dijo que esa ley excluye al sector productivo en la distribución del agua. En prioridades, ese sector aparece como cuarto para acceder al recurso. Los primordiales son agua para consumo humano y riego para alimentos.
Además, los empresarios están excluidos de la gestión y planificación de los recursos hídricos, lo que no sucede con los campesinos, quienes sí van a intervenir.
Tampoco van a poder construir reservorios de almacenamiento más allá de los 200 metros cúbicos, no pueden tener conflictos con otros usuarios, porque sino les quitarán las autorizaciones y pagarán multas de USD 2 200 en adelante si cometen infracciones. Hasta el cierre de esta edición, el debate seguía en la Asamblea.