11 de November de 2009 00:00

La Ley de Aguas, con primeros roces

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Redacción Política

La Asamblea  inició la discusión, en primer debate,  del proyecto de la  Ley de Recursos Hídricos, una propuesta que  enfrentó al Gobierno y al movimiento indígena.  

La creación de la Autoridad Única del Agua, la participación de los gobiernos seccionales en la administración de estos recursos, la disposición de que en un plazo de dos años las empresas que exploten este recurso se constituyan en empresas de economía mixta…  fueron algunos de los puntos de debate entre el oficialismo y la oposición.

El informe de la Comisión  de Soberanía Alimentaria recomienda que, en un plazo de dos años, las empresas dedicadas al embotellamiento de agua para consumo humano, las dedicadas a actividades turísticas…   se transformen en entidades de economía mixta. En ellas el accionista mayoritario sería el Estado.

El asambleísta Pedro de la Cruz (Alianza País) defendió que el Estado tenga la mayoría de acciones. Su argumento es que  son las compañías de mayor rentabilidad en los últimos años.
Incluso,  presentó estadísticas  y dijo  que en  2006  tuvieron ventas superiores a los USD 300 millones.

En el debate se evidenció que en ese  tema hay un desacuerdo en el  interior de  oficialismo. Jimmy Pinoargote (ADE), que es afín al Gobierno, dijo que no está de acuerdo con la propuesta porque perjudicaría al sector. Aseguró que alrededor de 4 000 plazas de trabajo se verían afectadas.

También hay otros artículos que causan discordia. Ayer, los delegados  de los ganaderos, agricultores, avicultores, cañicultores, palmicultores, brocoleros y de los sembradores de bosques expusieron  su preocupación. 

Bolívar Cevallos, titular  de la Cámara de Agricultura de la I Zona, dijo que esa ley excluye al sector productivo en la distribución del agua. En prioridades, ese sector aparece como cuarto para acceder al recurso. Los primordiales son agua para consumo humano y riego para  alimentos.

Además, los empresarios  están  excluidos  de la gestión y planificación de los recursos hídricos, lo que no sucede con los campesinos, quienes  sí van a intervenir.

 Tampoco van a poder construir reservorios de almacenamiento más allá de los 200 metros cúbicos, no pueden tener conflictos con otros usuarios, porque sino les quitarán las autorizaciones y pagarán multas de USD 2 200 en adelante si cometen infracciones. Hasta el cierre de esta edición, el debate seguía  en   la Asamblea.

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