Redacción Guayaquil
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Otro sector productivo de Guayaquil, la Cámara de Industrias, expresó su preocupación por algunos acápites de la Ley de Recursos Hídricos. Ayer, el presidente alterno, Bruno Leone, habló de las afectaciones que la norma causaría en caso de aprobarse como está.
Las críticas de este gremio se concentra en siete campos. Leone señaló que el primero hace referencia al aprovechamiento productivo. El artículo 88 dice que el aprovechamiento del recurso para actividades productivas cede ante otros usos tales como el humano, los derechos de la naturaleza, comunas, etcétera. Y tiene límites en los principios de precaución, sustentabilidad, prevención, eficacia y prevalencia.
800 socios
están afiliados a la Cámara de Industrias de Guayaquil. Es la más numerosa del país.
Para el industrial, este artículo no está claro, ya que en la práctica, el acceso al agua para las actividades productivas es restringido por una serie de condicionantes.
Además, genera dudas que en el segundo inciso se establezca la obligatoriedad para realizar una consulta previa a la población, que facultaría o no la utilización del recurso hídrico para esta actividad.
Otro ejemplo se refiere a las tasas y tarifas. Según el artículo 170, el otorgamiento de una autorización de aprovechamiento del agua para actividades productivas generaría el pago de valores por una serie de conceptos.
Según la Cámara, en la práctica se convertirán en impuestos para la producción. Allí están la tasa de administración, operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica y la tarifa hídrica volumétrica.
También están la tasa administrativa por autorización, la tasa de prevención, control y remediación, la tasa en función de las utilidades generadas en el proceso productivo y, por último, la tasa por tratamiento de las aguas efluentes.
Los otros cuestionamientos abarcan temas relacionados con la concentración del recurso, la transferencia de derechos de aprovechamiento, infracciones y sanciones, los límites a la propiedad y el aprovechamiento de agua en el sector privado.
Leone hizo un llamado al Gobierno y a los asambleístas de Alianza País para que la ley que se apruebe permita una buena administración del recurso, pero que ello no implique una afectación al sector productivo. “De ocurrir, ello se evidenciará en el incremento del desempleo”.
Por eso, la Cámara pidió una cita a la comisión que tramita esta ley, para exponer sus preocupaciones sobre su contenido.