19 de November de 2009 00:00

La Ley de Aguas divide al oficialismo

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Redacción Política 

El presidente de la República, Rafael Correa, interviene la polémica al interior del bloque legislativo de   Alianza País, surgida en torno a  varias propuestas del proyecto de Ley de Recursos Hídricos.

La semana anterior -y por sugerencia de la Comisión de Soberanía Alimentaria- el Pleno de la Asamblea Nacional debatió   una serie de disposiciones que buscan restringir la participación del sector privado en el embotellamiento de agua para el consumo humano, así como en las actividades de recreación que tienen como su principal actividad las fuentes termales.



Una reunión  pendiente
Para este viernes en la tarde  estaba prevista una reunión del bloque de asambleístas de la lista 35  para llegar a acuerdos en estos temas que son motivo de discrepancias  internas. 
Sin embargo,  Pedro de la Cruz comentó que el encuentro se postergó para la próxima semana. Esperan escuchar los criterios del Primer Mandatario.
  La Comisión de Soberanía  Alimentaria tiene cuatro semanas de plazo para presentar el informe para segundo debate. Recogen  las observaciones.La propuesta de la Comisión  es que estas actividades puedan ser desarrolladas exclusivamente por empresas mixtas, en las que el Estado tenga la mayoría accionaria.

Pedro de la Cruz, asambleísta de Alianza País,  es uno de los principales defensores de  que las empresas privadas entreguen la mayor parte de acciones al Estado.  Según sus cifras, las principales empresas privadas dedicadas a esta actividad ganaron más de USD  300 millones  en 2006 “al aprovecharse de un recurso natural que es de propiedad de todos los ecuatorianos”. 

Con este criterio coinciden asambleístas de Pachakutik y del Movimiento Popular Democrático. En el debate, Ramiro Terán (MPD) habló de ‘desprivatizar’ el agua y que las “transnacionales dejen de enriquecerse con los recursos de los ecuatorianos”.  

No obstante, hay otros sectores de Alianza País que discrepan con esos artículos. El presidente de la Asamblea,  Fernando Cordero, María Paula Romo, Rolando Panchana… hicieron  públicos sus desacuerdos.

Cordero  recuerda   que la propiedad privada está garantizada en la Constitución y, por lo tanto, la ley secundaria no puede desconocer este derecho. “El hecho de que una empresa privada pueda usar el agua para sus actividades, no significa que se ha privatizado”.

También advierte   que el intentar eliminar este tipo de empresas privadas por decreto o por ley no es posible. “Si existieron los votos, y se aprobaran esas disposiciones, la norma puede ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional”, anticipa.

Por ello considera que el tema debe ser consensuado entre los miembros de Alianza País antes de que se produzca el segundo y definitivo debate.

Virgilio Hernández (A. País) se pronunció por la necesidad de establecer un mecanismo mediante el cual “las comunidades también puedan acceder a los beneficios de los recursos que están en sus comunidades”.

Andrés Nájera, representante de un grupo de  empresas  dedicadas a esta actividad,  considera que estas disposiciones atentan contra la propiedad privada. Cuestiona que por ley se pretenda obligar al Estado para que invierta en áreas que no son de su competencia. Según el representante, la medida pudiera afectar a 10 000 trabajadores. 

Este criterio fue expuesto, el martes anterior, al presidente Rafael Correa, en la reunión que mantuvo con líderes de todos los sectores empresariales, en Guayaquil. Correa coincidió con el criterio de los empresarios. “Creo que hay exageraciones que no tienen ningún sentido y tienen que ser corregidas. Hay algunos extremos que se están dando en la Asamblea y que es bueno solucionarlos y corregirlos”, dijo al final del encuentro.

El Mandatario   cuestionó que se intente prohibir que haya envasadoras privadas de agua con el argumento de que  el líquido es un recurso estratégico. “Como el petróleo también es un recurso estratégico, entonces también se debería prohibir la existencia de estaciones de combustible privadas. Eso es un absurdo”, insistió.

La Comisión de Soberanía Alimentaria trabaja en la redacción del informe para el segundo debate. “Yo me mantengo en la propuesta inicial porque está amparada en la Constitución que prohíbe cualquier tipo de privatización de este recurso”, sostuvo Pedro de la Cruz.

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