1 de March de 2010 00:00

De la letra a la realidad…

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Miguel Rivadeneira V.

Entre los hechos que se reivindican  en la nueva Constitución constan los logros en materia social y de los derechos ciudadanos. Sin embargo, una es la teoría y otra la práctica, una la letra y otra la realidad en un país en el que permanentemente se inobserva las normas vigentes y no es cosa del pasado sino que continúa ahora.

Se reivindica como uno de esos avances la creación del nuevo poder: la Función de Transparencia y Control Social y dentro de ella el Consejo de Participación Ciudadana. Este organismo en construcción tendrá, entre otros, dos papeles importantísimos: combatir la corrupción, que sigue galopante y la revolución ética está pendiente (existen casos concretos que se han mencionado en esta columna), a lo que se suma una Asamblea que tampoco ha cumplido su misión de fiscalización. La otra tarea: el nombramiento para los entes de control: Contralor General, Fiscal, Procurador,  Defensor del Pueblo, Defensor Público, superintendentes, vocales del Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y participar en la designación de la primera Corte Constitucional.

La designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana se halla en etapa de impugnaciones y esto ha permitido conocer los antecedentes, atributos y también la pobreza en algunos de los candidatos que están en la lista definitiva y a punto de ser designados. Varios de ellos están plenamente identificados con la actual administración, a la que ya han servido en diversos cargos públicos, lo cual deslegitima de plano que vaya a ser un órgano independiente. Otros, de acuerdo con la documentación que exhibe el Consejo Electoral en su página web, hasta han tenido sentencia por homicidio, admitido en el proceso, con el argumento de haber sido sin intención. Han fracasado en otras instituciones (caso del IESS). Otro es moroso, debe el mantenimiento del edificio en donde vive y se resiste a pagar con “la viveza criolla” de que traspasó el inmueble a sus hijos y les hace quedar mal hasta a ellos.

Han perdido la vergüenza y revindican la tesis del mal menor: la deuda de cuotas en un edificio es minúscula frente al homicidio del otro. A esos niveles hemos llegado y por ello se debate cuál es el menos malo. Otro no tiene título de tercer nivel, habla un idioma, está acusado de falsear documentos públicos y exhibe una experiencia solo de luchas, una de ellas por la consecución de parqueadero tarifado (?). Es hora de abrir los ojos. No puede ser posible que estemos a expensas de esta realidad. La participación ciudadana es importante en democracia pero no seguir en su nombre en lo mismo solo con nuevos actores. ¿Esta es la meritocracia? ¿Ellos serán los que van a fiscalizar en el país? ¿Este es el país que nos merecemos o  al  que nos parecemos? ¡Qué pena!

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