El Alto Mando Militar y la Cúpula Policial se reunieron con el presidente Moreno y los ministros del Interior y Defensa. Foto: Alfredo Lagla/EL COMERCIO
El presidente Lenín Moreno anunció que confiará su seguridad personal a los efectivos de la Policía Nacional y a las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
“De forma particular, para mi seguridad personal, no acudiré a ninguna instancia que no sea la de ustedes. Si el pueblo ecuatoriano y el Gobierno han confiado para que ustedes puedan cuidar su seguridad, el Presidente también quiere manifestar su confianza plena”, dijo Moreno al inicio de la reunión en el Palacio de Carondelet. En la cita participaron los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, los comandantes de Policía y los ministros del ramo.
Moreno dio así un giro en la relación Ejecutivo-fuerzas del orden con relación a Gobierno pasado. Temas relacionados con la seguridad social de los uniformados crearon una brecha que derivó en la sublevación del 30-S, alta rotación de comandantes y protestas desde el servicio pasivo.
El anterior Régimen impulsó una reforma a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la creación de un Servicio de Protección Pública para autoridades, a partir del Código de Entidades de Seguridad, conformado por civiles.
Este acercamiento entre el Mandatario y las fuerzas del orden es positivo, según el coronel (r) Luis Hernández. Sus declaraciones contribuyen a un diálogo continuo -agregó- y su actitud va a contribuir en que haya una mayor entrega de las fuerzas del orden. A diferencia del expresidente Rafael Correa “quien dijo que no hablaba con subordinados”.
Moreno dio su voto de confianza a los uniformados en la víspera de que la Asamblea Nacional decida si acogerá o no el informe de la Comisión de Seguridad, que sugiere allanarse al veto parcial que emitió Correa sobre la normativa.
Él objetó tres puntos referentes a la Policía y uno sobre cesantías de los vigilantes de la Comisión de Tránsito. Pero dejó intacto el espíritu del polémico libro III, sobre el Servicio de Protección Pública.
El ministro de Defensa y exasambleísta, Miguel Carvajal, estuvo en la reunión en Carondelet. Puntualizó que la norma establece un plazo de 10 años para implementar dicho Servicio. Pero aseguró que en la agenda entre el Gobierno y las fuerzas del orden no se ha discutido este punto.
A pesar de ello, Ricardo Camacho, experto en seguridad y en temas castrenses,aplaude que en el Gobierno “se hayan dado cuenta de que las fuerzas públicas son capaces de brindar esa seguridad”. Aunque aceptó que es necesario establecer mejoras en los protocolos de la seguridad presidencial, para que no estén sometidos al carácter del Mandatario.
Además, Camacho felicitó la actitud del presidente Moreno y la calificó de conciliadora, ya que recordó que, en los últimos meses, la relación entre los uniformados y el Ministro de Defensa y el expresidente se volvió complicada, “pues no los tomaban en cuenta”.
Pero hay otros temas que interesan a los uniformados. El ministro del Interior, César Navas, habló de tres ejes: bienestar de los miembros de la policías, fortalecimiento a la institución y cambios en el servicio de atención de salud para los policías y sus familiares.
Este último punto también está en análisis de los militares. Carvajal aseguró que se tomarán correctivos inmediatos.
“Para que los dependientes de militares y de policías en servicio activo puedan ser atendidos directamente en las unidades de salud militar y policial cuando son afiliados al IESS”. Es decir, no tendrán que ir a una unidad de salud del IESS para luego ser derivados. Según Carvajal, la autoridad de Salud enviará un acuerdo ministerial con estas modificaciones.
El Ministro destacó que desde el Gobierno existe respeto a la institucionalidad, por eso se ratificó el mando policial y militar y, añadió, que designará con normalidad a los miembros del directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).
El Gobierno anterior dejó un tema pendiente con el Issfa. Está en marcha la declaratoria de utilidad pública de tres terrenos de la institución en Samanes, en Guayaquil.
“La decisión que se tomó días antes de terminar el Gobierno de Correa fue avanzar con celeridad en el proceso de expropiación. Están valorados en algo menos de USD 9 millones”, resaltó.
El Ministerio de Defensa señala que existen mecanismos para que el pago se realice a través de la entrega de un terreno que pertenece a la Dirección General de la Aviación Civil. Otra opción sería que un terreno del mismo Ministerio en Guayaquil sea usado como parte de pago.
En la reunión no se trató la deuda del Gobierno con el Issfa. Pero Carvajal dijo que “habrá que ir discutiendo cómo obtener una valoración adecuada de la deuda”.
Para Camacho, las fuerzas del orden “necesitaban un espaldarazo” y Moreno y sus ministros se lo dieron con la reunión de ayer, 12 de junio de 2017, en Carondelet.