El presidente Lenín Moreno y la presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas. Foto: Presidencia de la República
De “alta prioridad nacional”. Así considera el presidente Lenín Moreno la situación del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra.
“Vamos a hacer que Javier, Paúl y Efraín regresen con vida”, dijo el Jefe de Estado en un diálogo con periodistas de Latacunga, el jueves 5 de abril del 2018. Ellos exhibieron carteles con la frase #Nosfaltan3, una campaña que exige la liberación de los colaboradores de diario EL COMERCIO, secuestrados en Mataje, una parroquia fronteriza de Esmeraldas, el pasado 26 de marzo.
“Como Presidente, comprometo todos nuestros esfuerzos para que se haga realidad”, dijo. Luego señaló que existen conversaciones “permanentes con intermediarios” para conocer acerca del estado en el que se encuentran los tres ecuatorianos.
La última evidencia de los tres secuestrados se dio a conocer en un video, en el que se los exhibe encadenados.
Moreno subrayó que la difusión de la grabación en medios colombianos genera zozobra, sobre todo entre los familiares. Dijo que se muestra a las víctimas en una “situación muy poco digna” que espera que no se repita.
En la reunión de ayer jueves también se abordó la violencia que experimentan los habitantes de la provincia fronteriza de Esmeraldas.
César Navas, ministro del Interior, habló sobre el último atentado terrorista ocurrido en la parroquia Viche y confirmó la detención de nueve personas vinculadas con ese ataque y con el carro bomba que afectó el cuartel policial de San Lorenzo, el 27 de enero.
Navas precisó que la explosión iba dirigida a una torre de electricidad, de 138 kilovatios, que pertenece al Sistema Nacional Interconectado.
En un primer momento se había informado que el atentado estaba dirigido al puente, pero luego se descubrió la torre de energía con daños en las cuatro bases de concreto.
La Fiscalía, a través de un comunicado, informó que a los sospechosos se les formuló cargos por terrorismo. Ellos fueron detenidos en las ciudades de Esmeraldas, Rioverde, Palestina y San Lorenzo.
En la audiencia, la Fiscalía presentó como evidencias rollos de cable que presuntamente fueron utilizados para elaborar la mecha de los explosivos, baterías, 223 municiones, teléfonos, entre otros.
La detonación en Viche es el décimo ataque que se produce desde enero. El atentado del 20 de marzo, en Mataje, dejó tres militares muertos.
Ayer, el Presidente confirmó el fallecimiento de un cuarto uniformado.
En su cuenta de Twitter, el Mandatario escribió: “El acto terrorista de Mataje cobra la vida de otro hermano. Lamento informar la muerte del cabo Wilmer Álvarez Pimentel, quien estaba recuperándose en el H. Militar. Un abrazo solidario a su familia”.
Los actos violentos motivaron la creación del Comité de Seguridad Fronteriza. Ayer jueves 5 de abril, el ente se reunió en Latacunga.
El encuentro fue presidido por Navas, quien estuvo acompañado de siete autoridades, entre ellas el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, y el secretario de Inteligencia, Patricio Costa. Al grupo se incorporaron los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
En la cita, los funcionarios resolvieron adoptar “respuestas contundentes e integrales” que permitan generar paz y seguridad en la frontera.
Por la noche, el Presidente anunció cinco acciones para fortalecer la seguridad fronteriza y en el país.
Primero se conformó una Consejería de Seguridad. También se unirán los esfuerzos de los gobiernos locales, las iglesias, medios y organizaciones sociales.
Además se realizarán gestiones a escala internacional para demostrar que la paz y la estabilidad de toda la Región están amenazadas.
El cuarto punto es mantener un canal abierto con el Presidente de Colombia y fortalecer la coordinación con ese país. Finalmente, se declaró en sesión permanente el Consejo de Seguridad Pública.
En contexto
Los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en Esmeraldas, se encuentran en estado de excepción desde el pasado 28 de enero. La semana pasada el Presidente lo prolongó. En la zona de frontera hay más de 11 000 efectivos militares y policías.