Lenín Moreno propone armar dos frentes para luchar contra la corrupción

Lenín Moreno, presidente electo, ratificó el 22 de abril del 2017 que luchará contra la corrupción dentro del Gobierno. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Lenín Moreno, presidente electo, ratificó el 22 de abril del 2017 que luchará contra la corrupción dentro del Gobierno. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Lenín Moreno, presidente electo, ratificó el 22 de abril del 2017 que luchará contra la corrupción dentro del Gobierno. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La Convención de la Lucha contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el instrumento base con el que el próximo Gobierno pretende hacer frente a este mal. El presidente electo Lenín Moreno solicitará ayuda al organismo internacional, luego de asumir su cargo, el 24 de mayo próximo.

Durante la campaña electoral adelantó que prevé realizar un viaje para conversar sobre este tema con autoridades de la ONU. Meses atrás, se reunió con Ban Ki-moon, exsecretario de la organización, para abordar el tema. El objetivo es formar una comisión internacional que ayude a investigar casos de corrupción.

Según información de Cancillería, Ecuador ratificó dicha Convención, mediante Decreto Ejecutivo No. 340, en julio del 2005. En el documento se establece que los Estados parte adoptarán políticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción dentro de los sectores público y privado.

Tales medidas abarcan desde arreglos institucionales, como el establecimiento de un órgano concreto de prevención de la corrupción, hasta códigos de conducta y políticas de promoción de la buena gobernanza. También, la aplicación de la ley, la transparencia y la obligación de rendir cuentas del dinero público.

En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), plantea sanciones para estos delitos. Al menos 12 de ellos constan en la lista que la Convención pide a los países penalizar a través de leyes internas.

En Ecuador hay expectativa de diversos sectores para firmar el convenio. Christian Viteri, asambleísta que abandonó las filas Alianza País, pidió al Gobierno entrante que garantice la completa independencia de la comisión para que haya resultados transparentes. Viteri considera que deben ser materia de análisis los contratos adjudicados durante el actual Régimen en el campo de sectores estratégicos.

En contratos suscritos por Petroecuador se detectaron casos de corrupción que están siendo investigados. Y la semana anterior fue aprehendido el exministro de Electricidad Aleksey Mosquera, por supuesto lavado de activos, por coimas desde la constructora brasileña Odebrecht.

“Espero que tengan las facilidades para recabar información en las entidades de control. Deben tener una investigación propia con equipos forenses propios”, dijo el asambleísta ahora independiente.

Aplicar la Convención de la ONU en el país sería una solución parcial, para el exembajador, Mauricio Gándara, porque hacen falta cambios internos. Sin embargo, está a favor de crear una comisión independiente que analice los contratos que suscribió el Estado en los últimos 10 años.

Y Moreno quiere ir más atrás. En declaraciones previas mencionó que se debe “rebuscar” información para que “ni los corruptos de antes, ni los de ahora” escapen de la justicia.

En la práctica, los resultados del trabajo conjunto con la ONU tardarían años en notarse. El posible acuerdo no solo depende de la decisión del Ejecutivo y de la ONU, sino que también se debe respetar la institucionalidad de cada país.

Un antecedente en la región es Guatemala. Ahí se conformó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que opera independientemente desde el 2007. En el país centroamericano, la Asamblea tuvo que ratificar el documento para que entre en vigencia casi un año después de suscrito.

La CICIG destapó en el 2015 los escándalos de corrupción. En uno de los informes del organismo consta que debido a las labores conjuntas con el Ministerio Público, se logró desentrañar la red que defraudaba el sistema de aduanas conocido como Caso La Línea.

Según la acusación, en el caso habrían participado el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos han negado los cargos y el proceso se ventila en la justicia guatemalteca.

Gándara señaló que uno de los mecanismos para iniciar diálogos serios en Ecuador sería conversar con el delegado de las Naciones Unidas en Quito o encargarle al Embajador de Ecuador en la ONU para que informe que el país requiere acogerse al programa.

Para el excanciller José Ayala Lasso es positivo cualquier encuentro en pro de la transparencia. Él señala que los delegados internacionales deben ratificar una posición para que se respete la independencia de las funciones del Estado.

Otro plan de Moreno es conformar “un gran frente nacional” con organizaciones de la sociedad civil. El sábado invitó a sectores como la Comisión Nacional Anticorrupción a dialogar y a participar en ese equipo. El grupo ciudadano recientemente recibió una sentencia por calumnias en contra del contralor Carlos Pólit, que finalmente fue desestimada.

El coordinador de la Comisión, Jorge Rodríguez, está dispuesto a escuchar a Moreno. Espera un verdadero compromiso para apresar a los culpables, porque si eso no existe, “puede venir el Espíritu Santo a involucrarse en la justicia del país y no pasará nada”.

Suplementos digitales