16 de marzo de 2017 08:39

Moreno mantendrá inversión social y Lasso recortará el gasto superfluo

Archivo Mario Faustos/el comercio En 2010 se ianuguró el puente Bahía-San Vicente. La obra costó USD 102 millones.

En 2010 se inauguró el puente Bahía-San Vicente. La obra costó USD 102 millones. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Xavier Basantes. Editor (I)

Los desembolsos del Gobierno proyectados en el Presupuesto estatal integran el gasto público.

En este rubro, que define los ingresos y egresos a lo largo de un año, Ecuador ha registrado un crecimiento importante a partir del 2007 y prácticamente en la última década sus valores se triplicaron.

Con la llegada al poder del actual Régimen y con base en su plan de recuperar el rol del Estado en el desarrollo del Ecuador, -para la construcción de la sociedad del buen vivir-, una de las principales medidas fue incrementar el número de entidades públicas. Hasta el 2015 se contabilizaron 28 ministerios (seis coordinadores y 22 sectoriales), además de ocho secretarías. Consecuentemente, el gasto destinado al pago de sueldos ahora bordea los USD 9 000 millones.

Según el Gobierno, no hubo un salto tan abrupto sino que se incluyó en las cuentas los gastos de trabajadores tercerizados que antes no se hacía.

En la administración de Alfredo Palacio, el Ejecutivo lo conformaban 15 ministerios y seis secretarias de Estado.

Impuestos, precios del petróleo y deuda
son las tres principales fuentes de financiamiento que ha tenido el Gobierno en los últimos diez años, para atender sus gastos. El precio más alto del petróleo se obtuvo en el 2012 con USD 99,49 el barril, mientras que el nivel más elevado de recaudaciones de tributos fue en el 2015 con USD 13 950 millones.

En promedio, un tercio del gasto ha ido a inversión en obra pública y el resto a sueldos, subsidios, pagos de interés de deuda y otros, en ese orden, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

Los resultados que muestra el Régimen en cuanto a calidad del gasto, entre otros datos, es que la pobreza por ingresos bajó de 37,6% en el 2006 a 22,9% (2016); la atención en establecimientos de salud públicos pasó de USD 16 millones a USD 41 millones, en el mismo período.

En cuanto a inversiones en los sectores estratégicos, por ejemplo, estas alcanzaron los USD 40 187 millones entre el 2007 y el 2016, según la Senplades. Mientras que al sector eléctrico fueron USD 10 900 millones, en el mismo período, y 23 944 millones en el sector de hidrocarburos.

Los subsidios (combustibles, energía eléctrica, bono de desarrollo humano, etc.) han tenido más participación en el Presupuesto y llegaron a representar 7% del PIB en el 2013.

No obstante, el Gobierno también ha invertido ingentes recursos en las denominadas empresas públicas y asumió un rol de Estado empresario.

Con la caída de los precios del petróleo a partir del 2014 y ante la necesidad de mantener su ritmo de gasto acudió al endeudamiento (ver nota superior). Ante la necesidad de acceder a más recursos, el Ejecutivo anunció en el 2016 un plan de venta de bienes públicos.

La lista es larga y va desde centrales hidroeléctricas como Sopladora, hasta Banco Pacífico. Pero también busca abrir la participación a capitales privados (hasta el 49%) en entidades como Flopec.

Las propuestas de los candidatos

Para el oficialismo, el Estado debe cumplir funciones indispensables en las áreas de salud, educación, seguridad y defensa, y justicia. De acuerdo con Alianza País (AP), en dichos sectores se ubicó el 97% de los servidores públicos que ingresaron el Gobierno desde 2006. “No realizaremos recortes, garantizaremos estabilidad a los servidores públicos, y les ofreceremos sistemas permanentes de capacitación y mejoramiento profesional”.

AP también ofrece impulsar reformas para lograr un Estado más eficiente, “con más calidad en los servicios públicos; la simplificación de la tramitología y el perfeccionamiento de los mecanismos de transparencia, participación y corresponsabilidad de la ciudadanía en la gestión pública”.

El binomio de Creo-SUMA es partidario de declarar austeridad fiscal para reducir el gasto público, pero no en educación, salud o programas sociales, sino en entidades como la Secretaría del Buen Vivir.

“Nuestra propuesta es priorizar el gasto social y para ello es necesario reducir el gasto superfluo”. Esta candidatura dice que en 10 años “se ha malgastado el dinero de los ecuatorianos en varios proyectos condenados al fracaso”, como los USD 1 200 millones gastados en aplanar terrenos para construir refinerías imaginarias. “Vamos a dirigir esos recursos para mantener la atención gratuita en educación, salud y seguridad y añadir calidad a estos servicios”.

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