14 de junio de 2017 23:24

El presidente Moreno concede su primer indulto a un ambientalista

En la Presidencia de la República se reunieron las tres ramas de las fuerzas armadas Ejército, Marina y Aviacion. Además de la Policía Nacional, con el presidente Lenin Moreno. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO

A través de la firma de un Decreto, el presidente Lenín Moreno concedió el indulto a Patricio Meza "que fue sentenciado en Pastaza". Foto: Imagen referencial/ Flickr Presidencia de la República

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Adriana Noboa
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El presidente Lenín Moreno anunció la tarde de este miércoles 14 de junio del 2017, por medio de su cuenta de Twitter (@Lenin), el indulto a Patricio Marcelo Meza, ambientalista detenido el pasado 6 de junio en Puyo.  Él fue condenado a seis meses de prisión, por ataque y resistencia durante el paro indígena de agosto del 2015.

“El diálogo empieza a dar frutos. Acabo de indultar a Patricio Marcelo Meza Saltos que fue sentenciado en Pastaza”, fue el mensaje difundido en la red social. Ahí, el Mandatario adjuntó el Decreto Ejecutivo No. 32, que le concede el indulto presidencial, es decir, el perdón de la pena impuesta.


La ejecución del Decreto está ahora en manos del Ministerio de Justicia, encabezado por Rosana Alvarado, y entrará en vigencia hoy, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

En los considerandos del documento, Moreno indica que esta medida se tomó dentro del “contexto del proceso del diálogo nacional propuesto por el Gobierno Nacional… para afianzar la construcción de un país democrático que respeta la dignidad de las personas y colectividades”.

El 30 de mayo, la Conaie entregó en la Asamblea Nacional y en la Presidencia una lista de 177 pedidos de amnistía y 20 de indulto, para los dirigentes y miembros del movimiento indígena que habían sido judicializados por protestas sociales. La mayoría de casos está relacionada con protestas sociales ocurridas desde el 2008.

Sin embargo, Paola Pabón, secretaria de Gestión de la Política, analizó algunos de los casos y dijo que 31 personas podrían recibir la amnistía del Legislativo y que dos ya habían sido indultadas por el expresidente Rafael Correa.

De una lista de 114 personas que tenía la funcionaria, explicó que, fuera de las dos ya indultadas, 56 no tienen causas judiciales pendientes y otras 56 sí. De este último grupo, 24 no podrían recibir amnistía, debido al tipo de delito cometido.

La mayoría de los casos están relacionados con protestas sociales ocurridas desde el 2008 y ambas instancias se comprometieron a revisar cada caso. El Legislativo incluso aprobó la creación de una comisión que se encargue del tema.

El día en que Meza fue detenido, según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), se registró un intenso control policial en varias localidades del Ecuador que resultó con la detención de 132 personas.

Según esa organización, Meza estuvo acusado por un supuesto delito de ataque y resistencia (artículo 283 del COIP) y fue sentenciado a seis meses de prisión.

Derechos Humanos dicen que esa detención “evidencia la continuidad de una política más amplia y sistemática de criminalización de la protesta social y del trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales en Ecuador”. 

Por eso, la Comisión Ecuménica recordó al Estado que “su principal obligación es respetar y garantizar los derechos humanos y, en esa medida, tal como lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconocer el rol que asumen para la cons-trucción de la democracia y de los defensores de DD.HH.

Según la Cedhu, tanto la Defensoría del Pueblo, como la CIDH y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas han recomendado que se abstengan de criminalizar y reformen las leyes penales en que se sostiene esta política.
En la cuenta de Twitter de la Conaie se publicaron fotografías de Meza, mientras era detenido. Allí, él aparece con una bufanda multicolor, junto a un patrullero y un policía.

El arresto de Meza evidenciaba “la continuidad de una política más amplia y sistemática de criminalización de la protesta social y del trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales en Ecuador”.

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