30 de noviembre de 2017 10:01

Lenín Moreno pide al CNE que llame a la consulta sin fallo de la Corte

La secretaria Jurídica, Johana Pesántez, entregó en el CNE los decretos ejecutivos para que el organismo convoque a la consulta popular. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

La secretaria Jurídica, Johana Pesántez, entregó en el CNE los decretos ejecutivos para que el organismo convoque a la consulta popular. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 54
Triste 0
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 134
Adriana Noboa

El presidente Lenín Moreno no esperó el dictamen de la Corte Constitucional (CC). Con dos decretos dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque la consulta popular y el referendo.

La decisión tomó por sorpresa a todos. A las autoridades del CNE, que preparaban su informe final de gestión sobre el periodo presidencial de Juan Pablo Pozo. Y a la misma Corte, que llevaba a cabo la audiencia sobre la propuesta de consulta.

Los decretos 229 y 230 ordenan en su primer artículo convocar a los ecuatorianos a las urnas, para que se pronuncien sobre las siete preguntas, dos de consulta y cinco de referendo. También disponen la notificación al CNE y a la Corte.

El 20 de noviembre, Moreno había advertido a la CC que “nada, ni nadie, puede ni debe poner cortapisas para que el pueblo se pronuncie”. Ese fue el inicio del camino para que finalmente la convocatoria se dé. Insistió con el mensaje el lunes pasado, en El Gobierno Informa y en las calles tuvo el eco de organizaciones políticas y sociales aliadas. Sus dirigentes, a través de marchas y manifestaciones masivas, dieron legitimidad a la propuesta de consulta.

Moreno no envío a su secretaria Jurídica, Johana Pesántez, a ninguna de las dos audiencias en la Corte que se dieron en ese tiempo. De su representación se encargaron otros subsecretarios.
Eso permitió que en el día clave, ayer (29 de noviembre), ella tenga un papel protagónico. Pesántez llegó hasta el CNE, acompañada de la vicepresidenta (e), María Alejandra Vicuña, del secretario de la Presidencia, Eduardo Mangas y varios ministros.

Pesántez entregó los dos decretos al secretario del CNE, Fausto Holguín. Y le pidió que el pleno conozca inmediatamente la disposición. Le recordó que tienen plazos legales: 15 días para convocar a votaciones y otros 60 para ejecutar el proceso electoral.

Juan Pablo Pozo informó ayer en la Asamblea que no seguirá al frente del CNE. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

Juan Pablo Pozo informó ayer en la Asamblea que no seguirá al frente del CNE. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

Lo ocurrido desató un debate entre constitucionalistas y políticos. Unos, especialmente de la oposición, apoyaban la legalidad de la decisión y otros, sobre todo afines al correísmo, hablaban de un “golpe a la institucionalidad”.

Esto coincidió con el fin del periodo constitucional de funciones de los consejeros Juan Pablo Pozo, Nubia Villacís, Paúl Salazar, Ana Marcela Paredes y la suplente Luz Haro.

Ellos cumplieron ayer seis años. Y la Procuraduría había argumentado su salida. Pero el Consejo de Participación Ciudadana no ha iniciado el concurso de renovación. Para prever una posible acefalía, Moreno los habilitó legalmente para permanecer en sus cargos con el Decreto 190.

Esto, no obstante, no implica que los consejeros tengan la obligación de quedarse. La oficina de Pozo, por ejemplo, ya estaba vacía ayer en la tarde. Y los directores y coordinadores de la institución presentaron sus renuncias. Pozo se retiró aduciendo el fin de su periodo, pero en medio de constantes críticas a su actuación.

Incluso, su misma compañera, Ana Marcela Paredes, denunció, la semana pasada, que la última sesión que Pozo dirigió se suspendió abruptamente porque no tenía una mayoría en el pleno. Pero él ha permanecido en silencio.

La posible continuidad de estos funcionarios generó el rechazo de las organizaciones políticas y sociales que cuestionan su actuación. Precisamente ayer hubo otra protesta contra ellos en las afueras del Consejo Nacional Electoral.

Recursos para la consulta

Los decretos de Moreno también notifican al Ministerio de Finanzas, para que asigne los recursos necesarios. El costo de la consulta bordearía los USD 50 millones. La cifra definitiva se conocerá cuando el CNE, que quedaría bajo la dirección de Nubia Villacís, apruebe el plan.

Moreno también pidió a Pablo Celi, titular de la Contraloría, que “proceda, de ser el caso, (...) con las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, individualizando las responsabilidades correspondientes”, como lo establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales.

Si la Corte no resolviere sobre las propuestas “dentro del término de veinte días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable”. Este es el argumento legal para que, eventualmente, se sancione a los jueces.

Pesántez recordó el antecedente dejado por Rafael Correa. En 2011, él tampoco esperó el dictamen de la Corte y convocó a la consulta popular en La Concordia.


Las reacciones

Rosana Alvarado 
Ministra de Justicia


La ley establece el plazo porque el legislador había observado que puede haber el detenimiento de una convocatoria a consulta en la voluntad de magistrados de la CC.

Edwin Jarrín 
Vocal del Cpccs


En la desesperación de que la consulta se haga ya, están cometiendo una de las peores ilegalidades. La Constitución dice que no puede haber consulta sin dictamen previo.

María Paula Romo 
Exlegisladora

Efectivamente, la CC superó en mucho el plazo legal, con lo que la consulta popular se entiende como autorizada.

Omar Simon 
Exsecretario presidencial


En el caso de reforma constitucional se requiere, además del dictamen, la determinación de la vía por parte CC, cualquier comparación (con un proceso previo) no cabe.

María Alejandra Vicuña 
Vicepresidenta (e)

El presidente Moreno ha sido sensible acogiendo un clamor ciudadano, en el marco de la jurisprudencia. Le corresponde al CNE actuar en función de los plazos.

Marcela Aguiñaga 
Legisladora de AP

Vamos a tener las acciones legales. Una acción de inconstitucionalidad, acciones de protección, podríamos iniciar desde la Asamblea un juicio por arrogación de funciones.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (19)
No (8)