16 de febrero de 2018 19:18

Lenín Moreno envió dos proyectos a la Asamblea para aplicar la consulta

En su pronunciamiento, Moreno no ha hecho mención a ningún organismo internacional en particular. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Moreno envió a la Asamblea dos proyectos legales derivados de la consulta del 4 de febrero. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Redacción Política

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El presidente Lenín Moreno envió esta tarde, 16 de febrero de 2018, los dos proyectos legales derivados de la consulta popular y referendo, a la Asamblea Nacional.

Los proyectos son la ley derogatoria de la Ley de Plusvalía y la ley reformatoria de la Ley de Participación Ciudadana, sobre la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que tienen que ver con las preguntas 6 y 3, respectivamente.


El primero es un proyecto económico urgente, que deberá ser tramitado en 30 días o entrará en vigencia por el ministerio de la ley superado ese plazo. Y para el segundo hay un plazo de 60 días, según los anexos, pero José Serrano, presidente de la Asamblea, ofreció que iba a ser aprobado en un máximo de 45 días.

Para ello, el titular del Legislativo propuso la creación de una Comisión Ocasional Especial, que tramitará ambos proyectos. Este organismo está conformado por 10 legisladores de todas las bancadas, excepto del grupo de la revolución ciudadana, afín al correísmo.

Sobre la pregunta del Yasuní

El presidente Lenín Moreno también emitió hoy el Decreto Ejecutivo 314. El documento crea una comisión interinstitucional encargada de incrementar en al menos 50 000 hectáreas la zona intangible del Parque Nacional Yasuní. Esto para implementar los resultados de la pregunta siete de la consulta popular.

El organismo estará presidido por el ministro de Ambiente, Tarsicio Granizo, y conformado, además, por las carteras de Justicia e Hidrocarburos.

La comisión tiene un plazo de 120 días para presentar un informe sobre la definición de límites de la zona intangible, así como de la reducción del área de explotación petrolera de 1 030 hectáreas a las 300 aprobadas el 4 de febrero en las urnas.

Para su elaboración, el organismo deberá invitar a la sociedad civil y otros actores relevantes que puedan proporcionar información sobre el tema.

El documento final deberá ser enviado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para su aprobación.

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