28 de abril de 2017 21:20

El Legislativo denunciará instrumentos internacionales con 17 países

En la Asamblea Nacional se reunieron autoridades ecuatorianas con los representantes de 13 embajadas, acreditados en Ecuador. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO

En la Asamblea Nacional se reunieron autoridades ecuatorianas con los representantes de 13 embajadas, acreditados en Ecuador. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO

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Mario Alexis González (I)

La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, María Augusta Calle, y el canciller Guillaume Long, se reunieron hoy, 28 de abril de 2017, con los representantes de 13 embajadas, acreditados en Ecuador, y de la Unión Europea, que respondieron a la invitación.

El objetivo era informarles a los representantes de estas naciones y del organismo internacional sobre las denuncias o terminaciones unilaterales de Tratados Binacionales de Inversión (TBIs), que el Gobierno está trabajando a través del Legislativo.

Esto con base en el fallo de inconstitucionalidad, de la Corte Constitucional (CC), que declaró la incompatibilidad de estos instrumentos con el artículo 422 de la Carta Magna.
Lo Constitución prohíbe celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial.

Según la Comisión legislativa, Ecuador enfrenta “numerosos” juicios en foros internacionales bajo normas de arbitraje internacional. Y el país ha sido demandado con base en los TBIs en 24 ocasiones. El 50% de las empresas demandantes opera en el sector petrolero, 12% en el suministro de electricidad y otro 12% en el sector minero.

Según datos de la Procuraduría, recogidos por el organismo legislativo, hasta el 2015 el monto de demandas sumaba USD 11 724 millones y en el período 2003-2013, el Estado pagó USD 155 millones a abogados y otros gastos de arbitraje.
La cita inició a las 15:00 luego de tres cambios de horario. Primero, había sido convocada para las 11:00. Luego pasó a las 11:30. Posteriormente se la adenlantó las 9:00. Y finalmente se concretó en la tarde.

Una vez instalada la sesión, la presidenta Calle solicitó a los medios de comunicación que abandonaran la sala. Luego de unas dos horas, la reunión terminó y los participantes se retiraron.
Los diplomáticos de los 13 países presentes: Chile, España, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, Argentina, Estados Unidos, Perú, Bolivia, Alemania, China y Venezuela; así como de la Unión Europea no atendieron a la prensa por no tener una autorización diplomática para hacerlo.

Pero, tampoco lo hicieron los funcionarios ecuatorianos. El canciller Long salió y levantó la mano con un gesto de negativa a los pedidos de entrevista. Mientras que Calle se mantuvo hablando por su teléfono celular hasta que abordó el ascensor para irse.
Este Diario tuvo acceso al pedido de denuncia del convenio entre Ecuador e Italia, sobre la promoción y protección de inversiones, uno de los que se aprestan a terminar. De este documento se pudieron conocer varios detalles del proceso.

Ahí se explica que Ecuador ha sucrito 30 TBIs, de los cuales solo 27 llegaron a entrar en vigencia. Y con la Constitución de 1998 se denunciaron nueve más a través de notas reversales, sin que estos pasen por la Función Legislativa.

En el 2010 se terminó uno más, con Finlandia. Este es el único TBI que hasta el momento ha cumplido todo el proceso, que consta de siete pasos en tres instancias.

El dictamen de la CC, la aprobación de la Comisión Legislativa, el trámite y aprobación en el pleno de la Asamblea, la publicación en el Registro Oficial (RO), la promulgación de un Decreto Ejecutivo y la publicación de ese nuevo documento en el RO.

Las denuncias a los TBIs con Alemania, Gran Bretaña-Irlanda del Norte, Suecia y Francia fueron aprobadas ya por el pleno de la Asamblea y publicadas en el RO, está pendiente el Decreto Ejecutivo y su publicación.

Por otro lado, la denuncia a los tratados con China, Chile, Venezuela y Países Bajos no alcanzaron la votación requerida en el pleno para su aprobación. Y las denuncias de siete instrumentos más se encuentran pendientes de ser tratadas en el pleno.

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