4 de mayo de 2017 00:00

Legislativo aprobó la denuncia de 12 tratados pendientes

La mayoría oficialista se impuso ayer en el análisis de los tratados en la Asamblea. Foto: Julio Estrella/EL COMERCIO

La mayoría oficialista se impuso ayer, 3 de mayo de 2017, en el análisis de los tratados en la Asamblea. Foto: Julio Estrella/EL COMERCIO

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Redacción Política

En aproximadamente cuatro horas, la Asamblea Nacional dio paso a las denuncias de 12 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), ayer, 3 de mayo de 2017. 

En el Pleno se impuso la tesis de la mayoría oficialista de Alianza País. Esos tratados, según el Gobierno, resultaban nocivos para los intereses nacionales.

Sobre todo, porque tienen cláusulas de protección a los inversionistas que obligan a que las controversias se resuelvan en los tribunales internacionales.

Según Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia de la República, esos tribunales no han actuado con base en la justicia sino en favor de los intereses de las empresas extranjeras y sus capitales. Se refirió a estos como “clubes exclusivos de abogados internacionales”. Ecuador ha tenido que enfrentar millonarias demandas, con base en esos tratados.

María Augusta Calle, la ponente del informe de denuncia y presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, recordó que también hay un mandato constitucional, que obliga a hacer las denuncias.

Pero que existen también diálogos con los países y principales socios comerciales para renegociar nuevos tratados de inversión.
Mera aclaró ayer, en una entrevista a este Diario, que el Gobierno no está en contra de la protección de inversiones sino de la existencia de los tribunales arbitrales especiales. Y que con países como EE.UU., las inversiones estarán protegidas durante diez años más, luego de la denuncia, porque eso también fue incluido en esos instrumentos. Además, que hay proceso de renegociación de tratados en marcha.

“Estoy seguro que negociando con EE.UU., que es un Gobierno amigo, lo vamos a hacer pronto. Tenemos diez años, pero no nos vamos a demorar. Podemos hacerlo en un año o dos años”.

El próximo Gobierno será el encargado de dar seguimiento a esas renegociaciones y también de estructurar el equipo que se pondrá al frente. El Secretario Jurídico de la Presidencia reconoció que la decisión de retomar la denuncia a las puertas del cambio de Gobierno fue para que “el presidente Rafael ­Correa asuma el costo político”, y que eso no recaiga en Lenín Moreno.

En la Asamblea Nacional, por la mañana, la oposición había advertido que era mejor tomar con calma el proceso, analizarlo y dejar que sea el siguiente Gobierno el que tome las decisiones.

Luis Fernando Torres, legislador por Cambio-PSC, reconoció que hay puntos de inconstitucionalidad en los tratados bilaterales de inversión. Pero también que algunas sentencias de la Corte Constitucional, que es un requisito previo para la denuncia, han estado vigentes desde hace cuatro o siete años.

Entre los tratados denunciados están los de EE.UU. y Canadá, así como de España e Italia. Para Torres resulta imprudente dar paso a este proceso, en un momento en que el país necesita afianzar las relaciones comerciales con Norteamérica y la Unión Europea, con quien tiene un acuerdo comercial. Los otros ocho TBI son con: China, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Suiza, Países Bajos, Chile.

Diego Vintimilla, de AP, defendió la medida y los argumentos de Calle y de la Comisión, en el Pleno. Comentó que no había motivos para retrasar el debate y aprobación de las denuncias.

Virgilio Hernández, en cambio, resaltó que es legítimo hacerlo, ya que aún son legisladores y deben continuar con su labor. Y Ximena Ponce habló de la importancia de crear un centro de resolución de controversias de la Unasur.

En total, Ecuador ha suscrito 30 tratados de ese tipo en diferentes gobiernos. Ha sido demandado en 24 ocasiones; principalmente por empresas petroleras.

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