25 de mayo de 2015 21:16

Legisladora detenida fue indagada desde enero

Tres horas duró la audiencia contra los tres sospechosos. El vicepresidente Jorge Glas asistió a la diligencia judicial por ser el acusador particular.  Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

Tres horas duró la audiencia contra los tres sospechosos. El vicepresidente Jorge Glas asistió a la diligencia judicial por ser el acusador particular. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

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Reds. Seguridad e Ibarra (I)

En una oficina de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) se organizó y ejecutó la investigación a la asambleísta Esperanza G. y a Miguel S., exdirector de Alianza País en Esmeraldas. Hubo interrogatorios y se les pidió pasar por el detector de mentiras. Todo fue grabado con una cámara.

En uno de los videos, la legisladora pide disculpas. “Quisiera que me perdonen, que también me entiendan”, se la escucha decir. Parte de esas “confesiones” las difundió ayer, 25 de mayo, el vicepresidente Jorge Glas.

Por la tarde, el fiscal general Galo Chiriboga utilizó esas filmaciones como parte de las pruebas en contra de los dos militantes de AP. Los abogados cuestionaron los videos. “Si no hay orden de un juez esa evidencia no sirve”, apuntaron. Sin embargo, esas grabaciones son, por ahora, uno de los indicios más fuertes que tiene la Fiscalía para sospechar que hubo actos de corrupción.

El jueves anterior, cuando Glas visitó las oficinas de la Fiscalía en Quito y denunció estas supuestas irregularidades adjuntó estos videos grabados desde enero. En la queja, el Vicepresidente también alertó que la legisladora usó su nombre para “presionar” y exigir dinero.

Todo el entramado de la supuesta corrupción se inició en julio del 2013. Ese mes, la empresa de agua potable de Esmeraldas firmó un contrato con una compañía privada para construir la primera etapa del sistema de conducción del agua para barrios del sur de la ciudad. La obra se adjudicó por un valor de USD 23 millones.

El anticipo para iniciar el proyecto fue del 70% (USD 16 millones) y el tiempo de ejecución de la obra era de 270 días calendario. Se pondrían 14 kilómetros de tubería. No obstante, desde noviembre del 2014 los trabajos están paralizados.

Esa construcción complementaría el mejoramiento del sistema de agua potable de Esmeraldas. La idea era cambiar 80 000 metros de tubos de asbesto cemento por PVC en el casco urbano y la implementación de dos tanques elevados.

Desde los primeros días de trabajo hubo denuncias no formales sobre la calidad de la tubería. Según esas quejas, los tubos se rompían por la presión hídrica. Eso no se comprobó.

En medio de estos hechos, se inició la investigación en contra de la legisladora y de Miguel S., quien se desempeñaba como director provincial de Alianza País y como director ejecutivo de la empresa municipal de agua potable de la ciudad.

En los informes de la Fiscalía se señala que la asambleísta y Miguel S. supuestamente se beneficiaron de ese contrato y habrían recibido un porcentaje del dinero. Chiriboga incluso aludió a los videos hechos por la Senain para ratificar esa hipótesis. En una de las filmaciones se escucha que Esperanza G. reconoce haber recibido USD 400 000 de Miguel S.

En los videos también aparece Miguel S. y explica que se reunió en un inmueble del norte de Quito para entregar ese dinero a la asambleísta.

Los abogados insistieron en que las filmaciones son ilegales. Incluso citaron el artículo 471 del Código Integral Penal.
Allí se dice que “no requieren autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografía relacionadas a un hecho constitutivo de infracción” si se las registran “de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución, por los medios de comunicación social, por cámaras de vigilancia o seguridad, por cualquier medio tecnológico, por particulares en lugares públicos y de libre circulación (...)”.

El abogado del exdirector provincial de Alianza País rechazó las acusaciones. Dijo que la investigación de la Senain se originó porque su cliente acudió a la Presidencia y pidió hablar con Rafael Correa y con Jorge Glas. “Incluso demostraremos que pasó sin problemas el detector de mentiras”.

Pese a estos argumentos, la jueza de la Corte Nacional ordenó la prisión preventiva por 90 días para los dos militantes de AP y para Walter de la T., una tercera persona que supuestamente colaboró. Fueron procesados por el delito de cohecho.

En el círculo político de AP-Imbabura se asegura que no conocen quién es Walter de la T. Él fue detenido en la laguna de Yahuarcocha y se allanó su vivienda, en Ibarra.

En contexto

El Código Orgánico Integral Penal señala que el cohecho es un delito que se castiga con penas de uno a siete años de prisión. En horas de la noche de ayer, en una rueda de prensa, dirigentes de Alianza País informaron que el partido decidió expulsar a Esperanza G.

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