31 de agosto de 2017 00:00

Legalización de taxis no necesita aval de cooperativa

Los postulantes presentaron hasta el jueves pasado (24 de agosto) sus documentos en el Centro de Convenciones del Teleférico. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Los postulantes presentaron hasta el jueves pasado (24 de agosto) sus documentos en el Centro de Convenciones del Teleférico. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Daniel Romero

Para el nuevo proceso de legalización de taxis que ejecuta el Municipio de Quito no fue obligatorio el aval de ninguna compañía o cooperativa. Así lo afirmó Mariela Veloz, directora General subrogante de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), ante algunas denuncias de postulantes a los nuevos cupos.

César Recuenco es uno de los fundadores de la compañía de taxis autónomos Luis Vaccari, que hacen el recorrido desde Iñaquito hasta Carapungo. Cuenta que los cerca de 80 compañeros de su compañía ingresaron la carpeta para ser parte del trámite de legalización. Aunque define como normal al proceso, asegura que hubo casos en los que una asociación aprovechó para cobrar por organizar los papeles y así demostrar que el taxista había prestado el servicio.

Recuenco se refiere a uno de los requisitos que podían incluirse en la carpeta: un certificado de una compañía que avale al conductor o dueño del vehículo como parte de una cooperativa conformada antes del 2014.

“En Carapungo hubo casos de esos con una asociación. Pedían hasta USD 100 por esos papeles. Tengo entendido que algunos creyeron en la oferta y pagaron”, dijo Recuenco.

En la calle Japón, cerca a la Naciones Unidas, también hay taxistas que operan en rutas definidas. Varios de ellos decidieron postularse para la legalización. Uno es Ramiro Flores, quien se muestra más pesimista sobre la posibilidad de quedar entre los beneficiados. “Hay compañeros que han pagado hasta USD 5 000 a cooperativas que les han ofrecido un puesto”, comentó.

Para las inscripciones en el proceso, los postulantes debían armar una carpeta con varios requisitos. Uno de ellos era demostrar que eran prestadores históricos del servicio.

Para esto se debía presentar un documento fechado hasta el 31 de diciembre de 2014. Ese papel podía ser: la regularización de 2011 o haber presentado una solicitud ante la Secretaría de Movilidad para la habilitación de un vehículo para prestar el servicio de taxi.

Además, se podían presentar boletas de citación emitidas por prestar el servicio en la ilegalidad, también un documento que valide ser accionista o socio de una compañía y un documento que demuestre la contratación de un sistema de despacho de flota o la adquisición de un taxímetro.

Para seguir este proceso se conformaron dos veedurías. Una nombrada por el Concejo Metropolitano y otra por iniciativa del concejal independiente Sergio Garnica. En ninguna de las dos se receptaron denuncias por irregularidades o fallas en el proceso.

Según Renata Moreno, concejal de VIVE y parte de la Comisión de seguimiento nombrada por el Concejo, el certificado que valida a un taxista autónomo será analizado exhaustivamente por la AMT. Esto porque el demostrar que ya venía trabajando como taxista autónomo no depende exclusivamente del aval de una compañía sino de los otros requisitos que podía presentar.

Marco Ponce
, concejal por SUMA, coincidió en lo expuesto por Moreno. “La validez del certificado de las compañías se puede acompañar de la constatación de que ha incurrido en sanciones por trabajar sin permiso o haber comprado el taxímetro”, indicó.

Sergio Garnica, concejal independiente que conformó otra veeduría para seguir la legalización de taxis, señaló que no han recibido denuncias formales sobre pedidos de dinero o irregularidades en el proceso. Sin embargo, dijo que de haber esos casos las denuncias deben presentarse en la Fiscalía para ser investigadas.

La primera etapa, que consistía en la recepción de las carpetas para la inscripción, terminó el pasado 24 de agosto. Según los datos de la AMT en la página web sacaron cita un total de 19 000 personas. Sin embargo, 17 700 entregaron los documentos necesarios.

Una vez culminada esta etapa, las carpetas entraron a revisión para validar todos los documentos. Según Veloz, desde el pasado 24 de agosto corre el plazo de 60 días para esta etapa. Una vez que culmine, cada inscrito recibirá la notificación sobre su ideoneidad para aspirar al permiso de operación.

Pero, ¿cómo se escogerá a 8 693 de los 17 700 que se presentaron? Hay un orden de prelación que se inicia con quienes tienen la certificación de que fueron parte del proceso de regularización realizado en el 2011. Después se tomará en cuenta al resto de aspirantes que hayan presentado documentos que demuestran que han trabajado de manera informal desde antes del 2014.

Quienes accedan al cupo tendrán tiempo para finalizar el trámite hasta octubre de 2018, lo que incluye ser parte de una compañía de taxis. Veloz señaló que ya depende de la agilidad con que cada aspirante idóneo realice los trámites para juntarse a una compañía, o formar una nueva, con taxistas que hayan pasado la regularización en este proceso.

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