Zuñiga fue Ministra de Justicia en el gobierno de Rafael Correa. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Entrevista a Ledy Zúñiga, secretaria técnica de Drogas.
¿Usted trabaja en temas relacionados con drogas. ¿Cómo ve el atentado terrorista en San Lorenzo?
Sin duda, es un tema que nos preocupa como Estado. Las bandas criminales del narcotráfico tienen grandes estructuras, incluso económicas que tratan de amedrentar a los ciudadanos. En este momento lo más importante es que como país estemos unidos, que la ciudadanía sepa que nosotros tenemos todas las posibilidades, a través de las FF.AA. y Policía, de identificar a quienes lo hicieron y frenar esa intención de querer implementar la violencia en el Ecuador.
Desde la Secretaría de Drogas, ¿qué se propone?
Dentro del Plan de Prevención Integral de Drogas hay una propuesta para endurecer la figura del comiso de los bienes inmuebles de las bandas del narcotráfico.
¿A qué se refiere?
Hoy por hoy, el Estado gasta más de USD 3 millones al año custodiando y administrando bienes del narcotráfico. Proponemos endurecer esa figura para que el Estado no tenga que esperar que exista una sentencia en el proceso, sino que con la formulación de cargos, el Estado ya pueda disponer de esos bienes y que esos bienes puedan reinvertirse en programas de prevención y tratamiento de adicciones a las drogas y otros de carácter social.
¿Ahora, cómo funciona el tema de bienes?
Debe existir una sentencia en firme, para que el Estado disponga de los bienes. Eso puede tomar muchos años. Los bienes se vuelven ociosos en todo ese tiempo. No generan ingresos al Estado; solamente generan egresos.
Y qué pasa si esa propuesta se formaliza y el sospechoso de narcotráfico es declarado inocente…
Siempre se presume la inocencia. (La propuesta es) que cuando se decomisen los bienes se haga un avalúo del bien. Si al final se declara la inocencia de esa persona, se le restituirá el valor del avalúo y (así el Estado) no ha perdido la facultad de hacer uso del bien.
¿Cuál es el estado actual de los bienes?
Hoy por hoy, es el peor de los escenarios, se están dañando, no tienen ningún uso, nos genera un costo al Estado y lo que es más importante no cumple un objetivo que debería cumplir. Esos bienes deben reinvertirse para prevenir que otros chicos no consuman droga, para tratar a los adictos, para programas, de deporte, de educación que fortalezcan a la juventud, y no sea presa fácil del narcotráfico.
¿En qué se utilizan esos USD 3 millones?
En administrar los bienes. Tenemos que cuidar bodegas, pagar custodios, policías…cuidar que no se dañen las propiedades. Hay haciendas que están deteriorándose sin ningún costo y significando un gasto para el Estado.
¿Qué otros ejes tiene el Plan de Prevención?
Construimos este plan con diversos actores políticos y sociales, como colegios, universidades, gremios de médicos, psicólogos, organizaciones internacionales y colectivos. Para arrancar y tener este plan debimos saber el diagnóstico: dónde habían los mayores problemas, qué tipo de sustancia se estaba consumiendo en el país, en qué lugares se usan las sustancias, para implementar la política.
¿Que resultados hubo?
Analizamos, por ejemplo, el tiempo que los padres pasan con los hijos. Vimos que en la semana, por lo menos 10 horas se dedica a la TV, solo seis horas a compartir en familia.
¿Qué otros datos?
Únicamente tres de cada 10 padres conversan con su hijo sobre su desempeño escolar. Solo dos de cada 10 padres ayuda a sus hijos en las tareas. Estos son factores de riesgo que nos permiten pensar que es la razón que podría dar paso al consumo de las drogas.
Su trayectoria
Es doctora en Jurisprudencia; especialista en Derecho Procesal por la U. Andina. Fue Ministra de Justicia en el gobierno de Rafael Correa.