3 de junio de 2016 12:50

Ledy Zúñiga: ‘El Defensor Público debe probar que no hubo independencia judicial en resolución del caso Saraguro’

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Redacción Seguridad

Los cuatro años de cárcel dictados en contra de Luisa María Lozano y Servio Amable Angamarca, ambos del pueblo Saraguro, genera polémica. En esta semana, el defensor Público, Ernesto Pazmiño, dijo que esta sentencia “reafirma la tesis de que América Latina es el continente más desigual del planeta, porque además de la pobreza la ley penal recae con mayor fuerza sobre los más débiles”.

El Defensor detalló su preocupación de que en otros casos “muy graves y de notoriedad pública las penas han sido 'suaves', a saber: un año por lavado de activos en el caso FIFA-Gate; ocho meses en el caso de venta de pases en la Policía; tres meses en el caso de un exministro procesado por peculado; tres años por una estafa masiva a centenares de personas en planes de vivienda, entre otros. Se trata de millones de dólares en perjuicio no solo al erario nacional sino a las economías de centenas de familias”, dijo el Defensor en su comunicado.

La respuesta del Ministerio de Justicia también llegó a través de un comunicado. “La sentencia, sea esta la que fuere y en cualquier caso que aplique, solo se hace efectiva una vez que las partes interesadas agotan todos los recursos establecidos en la ley, razón por la cual resulta adelantado emitir un argumento sobre la sanción anunciada en el caso conocido como Saraguro”, afirmó Ledy Zúñiga, ministra de Justicia.

Según Justicia, los dos procesados fueron acusados por la Fiscalía al considerarlos responsables del delito de paralización de un servicio público, tipificado y sancionado en el artículo 436 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por su presunta participación en el cierre de la carretera que une a los cantones de Saraguro y Loja, hecho suscitado en agosto del 2015.

En ese contexto, dice Zúñiga, los jueces de la provincia de Loja acogieron el dictamen emitido por el fiscal para hacer su fallo, el mismo que aún no ha sido notificado a las partes por escrito. “De mostrar dudas acerca de la sentencia mencionada, los actores podrán recurrir este fallo ante instancias superiores del mismo sistema de justicia, para pedir que ésta sea revisada”, acotó.

El Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de sus competencias, espera la notificación de la sentencia para verificar el cumplimiento del debido proceso.

Zúñiga también se refirió a las declaraciones sobre la supuesta falta de independencia judicial señalada por Ernesto Pazmiño. La funcionaria rechazó estas afirmaciones y argumentó que en el caso Saraguro, 10 ciudadanos fueron llamados a juicio. De ellos, dos fueron sancionados, mientras que los otros ocho fueron declarados inocentes.

“Si aplicamos el criterio de Pazmiño para los declarados inocentes, entonces el Tribunal si actuó con independencia? El Defensor Público debe probar que no hubo independencia judicial en resolución del caso Saraguro”, afirmó Zúñiga.

“Hay que explicarle al Defensor Público que la independencia de los jueces no se mide con la cantidad de personas que han sido condenadas o no, sino en la tutela de sus derechos fundamentales, en cumplimiento de su misión jurisdiccional”, concluyó la Ministra de Justicia.

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