15 de mayo del 2015 00:00

La Hora se resiste a aceptar la multa por ‘censura previa’

Santiago Guarderas, abogado de La Hora; Luis Eduardo Vivanco, editor general del diario, y Diego Cornejo, titular de la AEDEP. Foto: EL COMERCIO.

Santiago Guarderas, abogado de La Hora; Luis Eduardo Vivanco, editor general del diario La Hora, y Diego Cornejo, titular de la AEDEP. Foto: EL COMERCIO

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Estefanía Celi R.
Redactora (I)
eceil@elcomercio.com

La segunda resolución de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) por censura previa marcó un precedente histórico en la legislación del país. Deja abierta la posibilidad de que los medios de comunicación sean sancionados cuando no publiquen información que las autoridades consideren de relevancia pública.

Le ocurrió a diario La Hora, por “no cubrir ni difundir” la rendición de cuentas del Municipio del cantón Loja. El miércoles pasado fue notificado y deberá pagar una multa de USD 3 540. La denuncia fue presentada por el alcalde José Bolívar Castillo. Él dirige el movimiento Acción Regional por la Equidad, que es cercano al oficialismo.

El argumento de Castillo es que el rotativo omitió “deliberadamente” la difusión del informe de labores del Alcalde, desde el día siguiente de su presentación hasta la actualidad. Con eso -añade- la ciudadanía no pudo conocer en qué se invirtieron los recursos de la Municipalidad.

Mauro Cerbino, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señala que no hay en el país una discusión sobre qué contenido se puede calificar como relevante desde el punto de vista público.

“Es relevante aquel contenido cuyo ocultamiento podría afectar el interés público, la discusión o el debate. Pero en el caso de una rendición de cuentas, el Alcalde tiene otras vías para hacer público su informe”.

Para este especialista, la omisión del contenido de un informe como la rendición de cuentas, emitido por una autoridad pública, no afecta el debate en la ciudadanía. “Me parece que se está distorsionando la definición de interés público, sobre todo porque se trata de un medio privado”, sostiene.

La Corte Constitucional, en la sentencia sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación, señala que esta normativa solo brinda los “lineamientos básicos” para la calificación de esta información y, que no puede ser discrecional, la autoridad para determinar qué es o no de interés público.

Por ello, el fallo señala que el Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) determinará cuáles son los parámetros de la información de interés general. Hasta ahora no ha emitido esta normativa.

Este fue uno de los argumentos que la defensa de diario La Hora presentó en la última audiencia, de la semana pasada. Pero este no fue considerado en la resolución de la Supercom. Por eso, el rotativo se declaró ayer en resistencia. Esto implica, según sus directivos, que no pagará la multa, tal como lo anunció su editor general, Luis Eduardo Vivanco.

“Este es un nefasto precedente. Para qué precautelar el derecho de los ciudadanos a tener una prensa libre que sea la que, por medio de sus principios y agenda, defina sus contenidos y no sea el poder político el que se convierta en el gran editor”, aseguró Vivanco.

Para el catedrático en Derecho a la Información de la Universidad de las Américas, Juan Carlos Riofrío, la sanción podría crear un mal precedente porque le daría derecho a las autoridades a requerir a los medios la publicación de cualquier determinado acto. “Es normal que las autoridades piensen que todo lo que hacen es relevante”.

Pero el jurista agrega que la misma Ley está mal configurada porque la sanción para la censura previa ejercida por autoridades es la misma que para los medios, lo que para él no guarda proporcionalidad.

“Es mucho más grave que una autoridad no permita publicar, sin embargo, se la sanciona igual que a un medio que omite una información, como diario La Hora”.

Además de sentar jurisprudencia con este fallo, puede generar amedrentamiento en los medios de comunicación, a criterio de César Ricaurte, de Fundamedios. Él sostiene que el ambiente que se crea es crítico. “Bajo tantas presiones, hacer periodismo es muy complejo porque ya no solo te sancionan por lo que dices, sino por lo que no dices”, asegura.

La Unión Nacional de Periodistas también se pronunció en contra de la resolución. En un comunicado, dijo que esta evidencia que la Supercom no defiende el derecho de los ciudadanos a la comunicación, sino que “hace prevalecer el capricho de una autoridad local frente a una valoración periodística libre sobre un hecho informativo”.

Ahora, con base al derecho de la resistencia, establecido en la Constitución, La Hora anuncia nuevos recursos, por la vía administrativa o constitucional, para tratar de revertir la sanción.

En contexto

Diario La Hora ha sido sancionado por la Supercom con multas económicas en cuatro ocasiones, incluyendo la actual. En las dos primeras pagaron; pero en las dos últimas ocasiones, se acogieron al derecho a la resistencia. La Supercom puede enviar el expediente a la Contraloría para el cobro mediante coactiva.

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