6 de December de 2009 00:00

El kirchnerismo vs. los medios

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La Nación, Argentina, GDA

Durante los últimos meses, el Gobierno argentino urdió una estrategia de ataques contra la libertad de expresión alrededor de tres ejes centrales: la nueva Ley de Medios Audiovisuales; la creciente presión sobre Papel Prensa, la empresa que provee del insumo básico a más de 170 periódicos, y el recrudecimiento de un conflicto gremial que obstaculiza la distribución de los matutinos.

La intromisión del Gobierno en los medios no es novedosa, pero sí lo es su creciente virulencia y la Sociedad Interamericana de Prensa, en la Asamblea Anual que celebró en Buenos Aires, se hizo eco de esta situación.

La mala relación comenzó en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia: se hicieron cada vez más frecuentes las críticas contra medios y periodistas, la utilización discrecional de la publicidad oficial para premiar o castigar a los medios según su línea editorial –irregularidad que la Corte Suprema condenó con un fallo, en 2007– y las conferencias de prensa sin permiso de hacer preguntas, una prohibición que, afortunadamente, se relajó.

Desde entonces, las restricciones directas e indirectas sobre la libertad de expresión y los medios se multiplicaron.

Se volvió imposible sancionar la ley de acceso a la información, por trabas puestas por el oficialismo. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) viene desplegando una intimidatoria presión fiscalista, reclamando retroactivamente a los diarios cargas tributarias en litigio (lo que motivó una medida cautelar de la Corte). En septiembre, unos 100  inspectores de ese organismo realizaron un procedimiento intimidatorio en la sede del diario Clarín.

Asimismo, el Congreso demora en cumplir con el fallo de la Corte Interamericana que ordenó modificar las figuras penales de calumnias e injurias.

Las situaciones descritas confluyen en un contexto desalentador para la libertad de prensa. Pero las acciones desplegadas a partir del año en curso entrañan peligros mucho más graves, propios de épocas autoritarias. Una es la Ley de Medios Audiovisuales: aunque la nueva norma no afecta a los diarios, debilita al actual sistema de multimedios.

En la Argentina operan en plena competencia ocho grandes grupos y otros más pequeños. No obstante, el Gobierno, esgrimiendo la excusa de promover mayor pluralismo, logró la sanción de una ley que es una poderosa herramienta para cercenar la libertad de expresión.

La Ley 26 522 acota la posibilidad de los grupos de acumular licencias (una reforma que afecta principalmente al Grupo Clarín, pero también a muchos otros); prohíbe que un canal de aire sea titular de un sistema de cable, prohibición que no tiene sustento técnico y que apunta contra el citado grupo; y prohíbe que un titular de un sistema de cable transmita más de una señal de noticias propia, cuando lo correcto hubiera sido obligar a transportar todas las señales existentes.

La Ley también obliga a los grupos a vender los medios que poseen en exceso en el exiguo plazo de un año, apuro que pondrá en riesgo el precio de mercado de esas empresas. Y autoriza a las empresas de servicios públicos –entre las que hay capitalistas amigos del Gobierno– a desembarcar en el sector de medios. 

La presión oficial se acentuó

El gremio de Camioneros, que responde al poderoso y oficialista titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, bajo la excusa de presionar por el encuadramiento de los transportistas de periódicos en el citado sindicado, bloqueó las plantas distribución de La Nación, Clarín y de la revista Noticias. Poco después, un decreto presidencial dio los primeros pasos para restablecer el monopolio que tienen los canillitas, vendedores de diarios, en detrimento de un régimen mucho más amplio de distribución que actualmente está vigente.

A partir de agosto pasado, el Gobierno buscó ampliar su embate, incluyendo en sus ataques a la empresa que elabora papel de diario y que es propiedad de los diarios Clarín, La Nación y del Estado nacional. Y deslizó  la posibilidad de expropiar   la empresa.

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