15 de February de 2010 00:00

¿Justicia?

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Enrique Echeverría G.

El fallo de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Pichincha, emitido por los doctores Patricio Arízaga, Marco Maldonado y Jorge Cadena es de alta importancia en una época  como la actual, en donde hay tendencia a legislar, juzgar, sancionar a base de reglamentos o instrumentos jurídicos menores, con flagrante violación de la Ley. La sanción de suspensión temporal de las emisiones de Teleamazonas se ha fundamentado en el Reglamento a la Ley de Telecomunicaciones.

Este episodio es uno más de varios que, fundados en reglamentos o en opinión “vinculante”, niegan derechos legalmente establecidos.

Un caso notable ocurrió en el Banco Central del Ecuador, donde evitaron pagar un contrato celebrado en el año 2000, por escrito y con todos los requisitos ya ejecutado a plena satisfacción. La negativa invocó una consulta vinculante del Procurador General del Estado.

Al parecer, este criterio es interpretación de la autoridad bancaria, pues en el R.O. Nº 69 de 18 de noviembre de 2009, se publica un extracto de esa consulta cuyo contenido se contrae a que la contratación de abogados procede cuando el objeto sea “asumir la defensa judicial o administrativa en asuntos en los que tenga derechos o intereses la entidad, considerando que la excepción legal no está prevista para la defensa de los derechos personales de funcionarios o ex funcionarios públicos”. Y añade: “En cuanto se refiere a la procedencia del pago de los gastos a los que dé lugar la contratación de abogados, no compete a este organismo pronunciarse”. En suma, contrato, Código Civil (cuando dispone que el contrato es ley para las partes); el cumplimiento total de lo contratado y el patrocinio de defensa de dos altos funcionarios por actos realizados en el desempeño de sus funciones, no sirve frente a una opinión vinculante.

En el Seguro Social, cinco funcionarios de la Comisión Interventora habían dictado, en 1998, una “Resolución” incluyendo un Reglamento para Atención Médica en Unidades de Salud ajenas al IESS”. Un trabajador con más de 20 años de aportaciones pagadas al día, enfermó gravemente y cuando acudió al Hospital Andrade Marín lo encontró en paro.

Por cuanto el paro afectaba a todos los hospitales, el trabajador en peligro de muerte fue operado en clínica particular, a un costo de 2 000 dólares. Formulado el reclamo de reembolso de gastos al Seguro, por la Resolución de 5 funcionarios, fue negada. Debía justificarse con una serie de papeles a entregar dentro de ocho días.

Presentados en el día 12, el pedido fue rechazado. En el edificio del IESS de la Av. 10 de Agosto y Estrada, se pudo ver un desfile de afiliados que, renegando contra su institución, habían recibido igual negativa, por entrega “extemporánea” de la documentación. Cabe concluir que la “justicia administrativa” no merece fe completa.

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