15 de March de 2010 00:00

Justicia española pidió detención de 12 presuntos miembros de ETA y FARC

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Madrid, AFP

La justicia española emitió órdenes de detención de 12 presuntos miembros de ETA y de las FARC procesados hace dos semanas en un auto que señalaba la “cooperación gubernamental” venezolana en las relaciones entre ambas organizaciones, indicaron este lunes fuentes judiciales a la AFP.

El juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, --principal instancia judicial española-- “cursó oficialmente órdenes internacionales y europeas de detención” de estas 12 personas “a los pocos días” de emitir, el pasado 1 de marzo, ese auto, que provocó tensiones entre España y Venezuela, explicaron las fuentes este lunes.

Hace dos semanas, Velasco procesó a 13 miembros de ETA y las FARC en un auto judicial en que además señala que la colaboración entre la organización independentista armada vasca y la guerrilla colombiana contó con “cooperación gubernamental” venezolana.

En el auto, el juez pedía que se cursaran órdenes de busca y captura de 12 de los 13 procesados, lo que él mismo hizo días después, se supo este lunes.

El gobierno español transmitió el auto de Velasco la semana pasada a las autoridades de Venezuela y de Cuba debido a que según la justicia, varios de los procesados podrían residir en estos países.

El auto provocó un cruce de declaraciones entre los gobiernos español y venezolano: mientras Caracas negó los hechos, que deben investigarse, Madrid pidió colaboración a Venezuela en la lucha antiterrorista, y días después ambos emitieron un comunicado conjunto para subrayar sus excelentes relaciones y asegurar que colaborarán contra ETA.

Seguidamente el canciller venezolano, Nicolás Maduro, declaró que el juez Velasco está “asociado a la mafia del ex presidente (conservador español) José María Aznar, a lo peor del Partido Popular y a sectores de la ultraderecha”, lo que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, estimó “inaceptable”.

Velasco procesó a seis presuntos miembros de ETA y a siete de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por su supuesta colaboración y el intento de asesinato en España de personalidades colombianas, entre ellas el presidente Álvaro Uribe.

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