24 de agosto de 2015 00:40

Los delitos menores se resuelven en dos semanas

En la Unidad de Flagrancia de Quito se realizan, cada día, juicios por procedimientos directos. Duran una hora, en promedio. Foto: Archivo /El Comercio

En la Unidad de Flagrancia de Quito se realizan, cada día, juicios por procedimientos directos. Duran una hora, en promedio. Foto: Archivo /El Comercio

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Sara Ortiz

Fue acusado de un robo, estuvo preso y recuperó la libertad. Todo sucedió en dos semanas. Una confusión obligó a Henry P., de 22 años, a estar alejado de su familia durante 10 días. La Policía aseguraba que era sospechoso del robo de una casa, ubicada en el barrio Pueblo Solo Pueblo, en el sur de Quito. El 13 de julio pasado, un juez de Garantías Penales de Pichincha reconoció su inocencia.

Él no fue la persona que rompió el vidrio, ingresó a una vivienda y se llevó un DVD y joyas. De hecho, su abogado comprobó que a la hora que se cometió el delito estuvo en su trabajo, como guardia de seguridad en una cooperativa de ahorros.

Henry cree que lo único bueno de esa experiencia fue que se le juzgó por una vía rápida, por el denominado procedimiento directo, que es una fórmula de juicio breve y que permite que un caso tenga sentencia entre 10 y 25 días. La corta estancia en la cárcel ayudó a que él no perdiera su empleo.

Un reporte del Consejo de la Judicatura señala que, desde el 10 de agosto del 2014 hasta el 15 de junio pasado, se realizaron
9 893 juicios directos en el país. Esta cifra representa un 35% de los casos de flagrancia que se registraron en ese tiempo.

A partir de que se inició la aplicación de esta figura, que entró en vigencia con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), 2 967 personas fueron declaradas inocentes, luego de que lo ratificara un juez.

Al igual que Henry, ellas recuperaron su libertad dos o tres semanas después de iniciado el proceso. La celeridad es una característica de este tipo de juicio, pero también es la razón de los cuestionamientos de abogados en libre ejercicio. Juristas del Colegio de Abogados de Pichincha analizan esta vía y el modelo justicia que implementa el Consejo de la Judicatura.

La principal queja es que el COIP indica que el fiscal o abogado tienen siete días para recopilar pruebas, investigar y señalar testigos para el juzgamiento. “Esto implica que un perito, por ejemplo, tiene que posesionarse, hacer el estudio y dar un informe. Todo en una semana. Este sistema de justicia no siempre es así de rápido”, manifiesta el abogado penalista Santiago Hidalgo.

Un ejemplo fue el juicio de Darwin H., de 29 años, quien fue detenido y condenado a 60 días de prisión, por posesión de 56 gramos de cocaína. El pasado 23 de julio, el joven cumplió su condena y salió libre. Explicó que su abogado presentó dos certificados de clínicas de rehabilitación de drogas, por sus problemas de adición que presenta desde los 16 años.

“Pero no me hicieron a tiempo el examen psicosomático y esa prueba tiene más valor para los jueces”. Sin ese estudio, Darwin no pudo demostrar de forma técnica su condición médica. “Esto es una enfermedad”, repite el joven.

Además de la rapidez, otra característica es que esta vía legal se aplica solo para los delitos leves, que se sancionan con pena máxima de hasta cinco años de cárcel. Además, deben iniciarse con una flagrancia, es decir, cuando la persona es detenida en el momento que cometió el delito, hubo testigos o se dio tras una persecución.

La posesión de drogas en mínima escala y hurtos menores son unas de las infracciones que con más frecuencia se resuelve a través de esta figura.

Y quien sentencia es el mismo juez de Flagrancia. Así detalla el Reglamento para la aplicación del juicio directo, pues la autoridad ya encontró “evidencias suficientes y de convicción de un delito”.

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas, en un estudio sobre la celeridad en la Región, explica que los juicios expeditos (directos) “evitan que los demandantes y acusados, abandonen la persecución de las causas penales, quedando el delito en la impunidad”.

El informe de la Judicatura explica que este proceso permitió descongestionar en un 40% los juicios que llegaban a los tribunales que “están destinados a resolver delitos que implican la privación de la libertad de una persona por hasta 35 años”, dijo Gustavo Jal­kh, presidente de la Judicatura.

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