30 de junio del 2016 00:00

Entidades del sector justicia plantean cambios a delitos leves

En la gráfica aparece un caso que es juzgado en instancias judiciales de Quito. Foto: Archivo EL COMERCIO

En la gráfica aparece un caso que es juzgado en instancias judiciales de Quito. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Redactora (I)
ortizs@elcomercio.com

El Código Penal está en medio de una controversia. Dos años después de su aplicación varios cuestionamientos han llegado desde el propio sector de la Justicia. ¿Guardan proporción las penas que allí se dictaminan? ¿Hay abuso de la prisión preventiva y del procedimiento abreviado? Estas interrogantes han tenido distintas respuestas desde la Judicatura y la Defensoría Pública.

La polémica se centra sobre las sentencias para sancionar delitos considerados “leves” como el robo, abigeato con fuerza y el contrabando de combustible en las fronteras.

Todos tienen penas que van de cinco a siete años de cárcel.
Hasta ahora solo el delito de contrabando de combustible está en proceso de reforma.

En octubre del 2015, el Ministerio de Justicia propuso cambios en las penas. Lo hizo a partir de un pedido del presidente Rafael Correa, quien reconoció la desproporcionalidad de las sanciones para las personas que trafican con pequeñas cantidades de combustible.

“¿Cómo es que tenemos a un ciudadano que por 40 galones de gasolina, unos USD 60, es sentenciado a cinco años de cárcel?”, cuestionó Correa, el 17 de octubre del 2015.

“Este Código lo aprobamos nosotros; yo le pido disculpas al pueblo ecuatoriano. Aquí estamos criminalizando la pobreza”, aseguró el Mandatario.

Para Ernesto Pazmiño, defensor público, el contrabando de hidrocarburos no es el único delito con sanciones duras.

Él también propone reformas a delitos leves, como los robos, en donde se dan sentencias de hasta nueve años de cárcel. Entre los casos que atiende la Defensoría se detallan historias de personas sancionadas con las penas máximas por robos de celulares.

“La sentencia no es solo por el robo de un celular... La sanción fuerte es porque una persona que sale armada a robar está dispuesta a matar a otra”, dijo Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura.

Correa defendió anteayer el COIP y, en reunión con periodistas de Guayaquil, dijo que el Defensor Público miente al exponer estos casos. Un día después se emitió una cadena de televisión para refutar las expresiones de Pazmiño.

Para Jakh no existe una criminalización de la sociedad, “lo que hay es una justicia penal más efectiva”. Así justificó el incremento del número de presos en los últimos tres años.

Entre la actual población penitenciaria, de 26 000 personas, se encuentran Jorge C. y Steven M. Ambos fueron sentenciados a nueve años de detención por robar USD 205.

La víctima aseguró que los dos los sometieron, los amenazaron de muerte y se llevaron su dinero. La sentencia del 28 de febrero del 2015 detalla que durante el registro no se encontró armas en poder de los procesados, aún así fueron juzgados con la pena máxima.

Otro de los casos cuestionados es la sentencia que recibieron dos mujeres por un robo valorado en USD 57. Este caso incluso ha llegado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El 31 de mayo pasado, este organismo pidió al Defensor que documente los casos en donde, a su criterio, se evidencian penas excesivas.

Uno de los ejemplos es el caso de Grace C., de 22 años, y de Martha C., de 47. La Policía las detuvo porque no pudieron justificar el origen de un tarro de mayonesa, dos botellas de cloro y 19 frascos de champú. Por esto, la Fiscalía las acusó de asociación ilícita y fueron condenadas a dos años de cárcel.

Sobre esto, Jalkh dijo que los jueces valoraron los agravantes. En una exposición a periodistas indicó que las mujeres tenían cinco juicios previos por otros delitos.

Y resaltó que a favor de las sospechosas se aplicó el procedimiento abreviado, un tipo de juicio que beneficia a los involucrados en delitos con penas menores a 10 años de cárcel.

La aplicación de este mecanismo también ha sido criticada tras conocerse que su aplicación ha favorecido a personas como Oswaldo L., quien fue condenado a 12 meses de cárcel por traficar USD 10 millones falsificados. En un juicio normal este delito es sancionado hasta con 3 años de cárcel.

La Judicatura anunció una reforma para limitar su aplicación a delitos leves, con sentencias hasta cinco años.

Las reformas que se plantean al Código Integral Penal

El Ministerio de Justicia propone que en el COIP se incluyan rangos de condenas para el contrabando de combustible dependiendo de la cantidad de hidrocarburo. Por ejemplo, si una persona es hallada con menos de 20 galones de combustible o 300 kg. de gas de cocina las penas serán de seis meses a un año de prisión. Si esto se hace en las fronteras la pena va de uno a tres años.

La Defensoría Pública anunció que presentará un paquete de cambios al COIP para establecer una proporcionalidad adecuada de las penas con el delito. Las modificaciones se harán en los delitos contra la propiedad como el robo, daño a bien ajeno, abigeato, sobre el ingreso de cosas prohibidas a las cárceles, contrabando y paralización de los servicios públicos. Además de la prisión preventiva.

El Consejo de la Judicatura
impulsa que se elimine la discrecionalidad cuando los jueces aplican el procedimiento abreviado. Primero plantea un techo para la reducción de condenas. Y, segundo, limita este tipo de juicio para los casos leves y no para los juicios que puedan ser sentenciados con hasta 10 años de cárcel, como el abuso sexual, el lavado de dinero, delincuencia organizada...

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