1 de junio de 2017 09:05

Justicia de Brasil sigue la pista de Odebrecht en Ecuador

Ecuador envió a Brasil copias del proceso que investigó la construcción de la central San Francisco. La Fiscalía desistió de seguir con ese juicio en el 2010. En la foto, la Hidroeléctrica San Francisco, ubicada en Tungurahua cerca de Baños (en la Sierra

Ecuador envió a Brasil copias del proceso que investigó la construcción de la central San Francisco. La Fiscalía desistió de seguir con ese juicio en el 2010. En la foto, la Hidroeléctrica San Francisco, ubicada en Tungurahua cerca de Baños (en la Sierra Centro de Ecuador), tiene una capacidad instalada de 230 MW. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Arturo Torres
y Modesto Moreta (I)

Las pistas de los sobornos de Odebrecht en Ecuador conducen a la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco.

El año 2016, el Ministerio de Justicia de Brasil solicitó copias certificadas de los 713 cuerpos y 71 300 fojas del juicio por peculado que en Ambato se siguió en contra de los directivos de la constructora brasileña.

La petición se efectuó al Archivo General de la Unidad Judicial Penal de Tungurahua, a través de la Fiscalía General. La documentación ya fue remitida a Brasil, informaron en el juzgado.

La primera pieza de ese rompecabezas apareció en diciembre pasado, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que Odebrecht pagó 33,5 millones en sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano desde el 2007.

Y puntualizó que en el siguiente año Odebrecht tuvo problemas por un contrato de construcción, y para solucionarlos contactó, a través de un intermediario, a un funcionario que tenía control sobre contratos.

En noviembre del 2010 esa causa penal fue archivada, luego de que el gobierno llegara a un acuerdo con la empresa. En el proceso revisado desde inicios de año por este Diario hay datos inéditos. Una de las novedades es precisamente la advertencia que hizo la Procuraduría sobre la facultad de la Fiscalía de continuar con el proceso, más allá de la firma del acuerdo. Eso nunca ocurrió.

El acta tiene dos aspectos sustanciales: la primera es la obligación de Odebrecht de reparar íntegramente la central y pagar USD 20 millones como indemnización. Y la segunda, el compromiso del Gobierno de dar por terminadas todas las controversias derivadas del contrato de construcción y las acciones administrativas, arbitrales y judiciales iniciadas contra Odebrecht.

Para llegar a un convenio con esa compañía, Hidropastaza, principal accionista de la central, necesitaba la aprobación del procurador, Diego García. Eso, según recordó el funcionario, se concretó en dos etapas. Una, entre mayo y julio del 2010, en la que Hidropastaza pidió a la Procuraduría autorizar la firma de la transacción, el 8 de julio. “Luego de revisar los primeros informes -señaló- llegamos a la conclusión de que en ese momento no era posible autorizar una transacción porque antes debía ponerse fin a todas las controversias ”.

A la cabeza de las negociaciones estuvo Ciro Morán Maridueña, gerente de Hidropastaza, principal accionista de San Francisco. Al tanto de esas acciones también estuvo el hoy vicepresidente Jorge Glas. En esa época él fue presidente del Fondo de Solidaridad, ministro de Telecomunicaciones y de Sectores Estratégicos.

Al ser consultado por este Diario en febrero, Glas recordó que se trató de un acuerdo de transacción complejo, que involucraba varios temas y que se cumplieron a lo largo de algunos años, en particular por el acompañamiento y garantías.

Para llegar al acuerdo, Odebrecht precisamente buscaba un acercamiento con Morán. En agosto del 2009, él había presentado la acusación particular contra la firma brasileña en Ambato.

En el Gobierno, Morán ocupó diversos cargos. Fue secretario general del Fondo de Solidaridad, jefe del departamento Jurídico de la Celec y gerente de la Hidroeléctrica del Litoral y de Ecuador Estratégico.

El 4 de febrero de 2010, Odebrecht envió una carta a las autoridades, para solucionar los problemas en San Francisco y propuso el convenio de transacción que se pulió las semanas siguientes, reseñan notas de prensa de la época.

Una vez que se cumplieron las condiciones observadas, el procurador García autorizó el acta de liquidación transaccional el 1 de octubre del 2010. “Se autoriza a Hidropastaza a transigir (acordar) con Odebrecht en los términos del Acta de Liquidación”.

Sobre el desistimiento de la acusación particular se deja constancia de que con el convenio se han cubierto los perjuicios patrimoniales de Hidropastaza, por lo cual “procede el mismo, sin perjuicio de la facultad de la Fiscalía para continuar el proceso”.

En la autorización del Procurador se agrega: “expresamente se señala que el convenio no excluye al Consorcio por las determinaciones de responsabilidad que las autoridades de control puedan establecer administrativa o judicialmente”. “No podía como Procurador pedir que la Fiscalía renuncie a su competencia para seguir un proceso”, recalcó García.

El 25 de octubre de 2010, Morán envió un oficio a la jueza primera temporal de garantías penales de Tungurahua desistiendo de la acusación particular. También pidió a Contraloría que se desvanezcan las glosas y multas por 137,3 millones, ya que la compañía brasileña se comprometió a reparar todos los daños, lo cual fue verificado los meses siguientes.

Tres semanas después, el Juzgado Primero de Garantías Penales de Tungurahua dictó auto de sobreseimiento definitivo a favor de los 28 enjuiciados, incluidos 20 exejecutivos de Odebrecht y archivó la causa. Lo hizo en vista de que la parte acusadora desistió de la demanda y de que la Fiscalía se abstuvo de acusar a los implicados, acatando el acta transaccional.

El juicio se archivó
El juicio que investigó las anomalías de Odebrecht empezó luego de que se detectaron las primeras fallas en la central, en noviembre del 2007. Se identificaron 253 problemas en la obra, que fue inaugurada cinco meses antes por el entonces presidente Rafael Correa.

Los días previos, autoridades de Hidropastaza, ejecutivos de Odebrecht y de la fiscalizadora Furnas-Integral, firmaron las actas de entrega-recepción en total conformidad. Al entregar el proyecto nueve meses antes de lo previsto, Odebrecht recibió un premio de 13,6 millones.

Pero el colapso de la central era cuestión de tiempo. Cerca de un año después de la inauguración, la Hidroeléctrica se paralizó. Por la suspensión, que se extendió varias semanas, el Estado perdió 26,5 millones.En los días siguientes Correa expulsó a Odebrecht del país.

Tanto la Fiscalía como la Contraloría sostuvieron en el juicio que la central, presupuestada inicialmente en 286 millones, terminó costando 368 millones, gracias a “ilegales ajustes graduales al contrato”, concretados con la firma de diez adendas (cambios).

En tres adendums la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal que se incluyen en el juicio. El entonces fiscal general, Washington Pesántez, sostuvo que nunca supo de ellos y que el proceso no prosiguió por el acuerdo.

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