9 de December de 2014 21:35

La Justicia se apoya en la reconciliación

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Washington Benalcázar,
 (F-Contenido intercultural)

Hoy se cumplen 15 días desde que Juan A., uno de los 2 200 habitantes de la comunidad indígena de Ágato, en Otavalo, tuvo que abandonar la casa en la que vivía con su esposa Ana H. y su hijo. Esta fue la decisión del gobierno comunitario, ante los maltratos que habría infligido el jefe de familia a su cónyuge. Así explica la sanción aplicada, por este caso de violencia intrafamiliar, Alfonso Chalapuento, vocal del Cabildo.

Las otras penas que aplica la justicia indígena van desde un consejo, cuando es la primera vez de una agresión verbal, hasta latigazos, según la falta, que puede ser agresión física, sexual o psicológica.
El dirigente explica que la orden de separación de una pareja es la medida más drástica y menos usada que se aplica en esta comuna. “No era la primera denuncia de agresión contra la esposa. Juan A. tomaba mucho licor. Es por ello que decidimos la separación”.

Los esposos, familiares y padrinos del matrimonio fueron convocados a una asamblea, de acuerdo a la tradición indígena. La cita, en la que participaron también seis dirigentes que integran el gobierno local, se realizó en la casa comunal, ubicada junto a una cancha de fútbol. Ahí, las autoridades indagaron y comprobaron la denuncia. Luego, como se acostumbra en las comunidades kichwas, las partes firmaron un acta aceptando la resolución.

La violencia intrafamiliar es un problema en las parcialidades indígenas, asegura Rocío Cachimuel, presidenta de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, que aglutina a 180 comunidades. La última semana, la dirigente analizaba seis denuncias que llegaron a su despacho, para que sean resueltas por ella como autoridad consuetudinaria.

“La mayoría de conflictos en los hogares están relacionados a problemas económicos por falta de empleo, el alcoholismo, la infidelidad y el machismo”.
Según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, del INEC, en el país seis de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Y en el caso de las indígenas el 67,8% han sufrido violencia física, psicológica, sexual o patrimonial.

Según Cachimuel, en la mayoría de casos se busca la conciliación de las parejas. Es por ello que las sanciones a los infractores giran en torno a consejos, baños de purificación, trabajo comunitario y multas.

Como una alternativa para superar esta problemática social, en algunas localidades del país se han establecido reglamentos para sancionar la violencia intrafamiliar. Este es el caso de las mujeres kichwas de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, que redactaron sanciones en el llamado: Reglamento de la Buena Convivencia. Mientras que la Unión de Mujeres Kichwas de Sucumbíos redactó la Ley del Buen Trato.

“Se trata de leyes que pasaron de la oralidad a una normativa escrita, para sancionar de acuerdo a la gravedad y frecuencia de las agresiones”. Así detalla la Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos 2013-2017. María Piñén, presidenta del Comité Central de Mujeres de la Unorcac, señala que el Reglamento de la Buena Convivencia castiga desde la violencia física hasta los chismes.

Cachipuento comenta que en la mayoría de casos se realiza un seguimiento. Sin embargo, en el caso de Juan nadie sabe a dónde se mudó, desde el día en que fue sancionado.

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