2 de marzo del 2016 00:00

Las juntas parroquiales miden su fuerza con las prefecturas

Los 24 representantes provinciales de las juntas parroquiales se reunieron el miércoles en Quito, y trataron el tema. Cortesía Congope

Los 24 representantes provinciales de las juntas parroquiales se reunieron el miércoles en Quito, y trataron el tema. Cortesía Congope

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Redacción Política

El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare) insiste en enmendar la Constitución. Bajo ese argumento, Bolívar Armijos, su presidente, presentará mañana en la Asamblea Nacional la propuesta.

El objetivo es cambiar el artículo 252 para que los prefectos sean elegidos solo por “los habitantes del sector rural”.

Según Armijos, desde finales del 2014 se ha socializado el tema en todas las provincias, con las organizaciones campesinas, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope) y la Secretaría de Planificación.

El motivo, argumenta, es la desatención a las zonas rurales. Insiste en que los recursos se invierten en las urbes y se descuida la vialidad de segundo y tercer orden, los sistemas de riego y el fomento productivo. Como ejemplo pone la declaración de emergencia de la vialidad rural en Azuay, que se dio en marzo pasado.

Los argumentos son falsos, sostiene Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha y presidente del Congope, pues en la mayoría de provincias más del 80% de los recursos se invierte en la ruralidad. Y afirma que la propuesta no ha sido consultada con todas las juntas.

El Prefecto sospecha que el único motivo para tomar una acción así sea una aspiración política. Y es que el movimiento político nacional Fuerza Rural está en proceso de creación. Armijos no lo niega, pero dice que la intención viene desde hace seis años y que es legítimo, que incluso ya hubo un movimiento municipalista. Por esto, después de marchar a la Asamblea, el Conagopare irá al Consejo Nacional Electoral para entregar el primer paquete de firmas para su registro, unas 200 000. Se requieren 174 000 y confían en recoger 500 000. Y participar en 2017. Pero Armijos dice que no será candidato.

Para ese mismo día, trabajadores del Gobierno Provincial de Pichincha anunciaron una marcha, para mostrar su descontento ante la propuesta de enmienda. Por esto Armijos responsabiliza al Prefecto si hubiese algún altercado.

Aunque Baroja señala que no tiene relación con la iniciativa y que es una división lamentable e innecesaria.

El presidente del Conagopare fue electo por Alianza País en 2014. Y afirma que el nuevo movimiento apoyará también al presidente Rafael Correa.

Rafael Dávila, prefecto de Loja, concuerda en que se trata de un tema netamente político, una “búsqueda de protagonismo” y “novelería”.

Además, señala que, este cambio debilitaría a las prefecturas, ya no serán autoridades provinciales sino rurales y su presupuesto se reducirá. Y aclara que las inversiones en las ciudades son a través de convenios con los municipios. En su caso enfatiza que el 100% de recursos va al sector rural.

Baroja enumera las falencias que tiene la propuesta: es inconstitucional, atenta contra la integralidad del territorio, contra el derecho de los ciudadanos a elegir, afectará las competencias, los presupuestos y la planificación provincial.
Prefecturas como las de Guayas y Pichincha recibieron en el 2015 USD 135,4 y 92,3 millones, respectivamente.

Pero Armijos insiste en que no será así. Y acepta que si una reforma al Código de Ordenamiento Territorial alcanza para garantizar que los fondos vayan a lo rural lo aceptarán.

Darwin Talledo, representante provincial de las juntas de Manabí, lo respalda. Dice que en los consejos provinciales, prefectos y alcaldes benefician solo a las urbes. Y afirma que no buscan afectar los presupuestos de las prefecturas.

Baroja insiste en que desconocen el funcionamiento del Estado y la ley. Y pide que denuncien en Contraloría a prefectos que hayan hecho grandes obras en las urbes.

Para asignar los presupuestos hay variables como densidad poblacional y el territorio. Así la reducción sería fuerte, sostiene Baroja, lo que afectará inclusive los puestos de trabajo en los consejos provinciales.

Wilson Lucero, de las juntas parroquiales de Azuay, se suma a la posición de los prefectos. Y asegura que no todas las juntas están de acuerdo, que es una propuesta de unos pocos representantes del directorio, con la única intención de tener un impacto a nivel nacional y promover el partido político.

En el escenario legal, el constitucionalista Juan Francisco Guerrero sostiene que la propuesta es posible, “más allá de que sea conveniente o no”.

Pero advierte que se trataría de una reforma y no de una enmienda, que debería pasar por una consulta popular.

El argumento es que modificar la forma de elección modificaría las prefecturas y por la tanto la estructura del Estado y su organización territorial. Aunque el abogado admite que se trata de un área gris de la Constitución, ya que no está clarificada.

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