18 de enero de 2016 00:00

Las juntas parroquiales esperan recursos para continuar con sus obras

Los habitantes de Puerto Limón y de Santa María del Toachi, Santo Domingo de los Tsáchilas, reclamaron obras. Foto: Juan Carlos Pérez / EL COMERCIO

Los habitantes de Puerto Limón y de Santa María del Toachi, Santo Domingo de los Tsáchilas, reclamaron obras. Foto: Juan Carlos Pérez / EL COMERCIO

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Varias Redacciones (I) 
ecuador@elcomercio.com

A los gobiernos parroquiales les preocupa que no se concreten las transferencias de fondos del Gobierno, desde noviembre del 2015.

Las juntas parroquiales debían recibir USD 195 millones el año pasado, que representa 6% del presupuesto de los gobiernos autónomos. En total, hay 820 juntas en el país.

Pero no todo llegó, dijo Carlos Lara, vicepresidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), quien desconoce el monto total que adeuda el Gobierno.

Por este inconveniente, hay juntas que tienen deudas con proveedores, contratistas y funcionarios. Es el caso de San Joaquín, en el cantón Cuenca, que no recibe USD 112 000. Sus empleados no cobran el sueldo de diciembre y sus proyectos están paralizados.

El presidente de la Junta Parroquial de Tarqui (Cuenca), Bolívar Saquipay, explica que por falta de recursos no se inicia el mantenimiento de las vías a las comunidades de Chaullayacu, Santa Lucrecia, Gulagpugro, etc., que son consideradas prioritarias por el fenómeno de El Niño.

Las juntas están en crisis porque el Gobierno mantiene tres tipos de deudas: las transferencias del Ministerio de Finanzas, la devolución del 12% del IVA y recursos por convenios firmados con el Ministerio del Ambiente por la reforestación. Esto, según René Lucero, presidente de la Conagopare de Azuay.

Por la devolución del IVA, la deuda supera los USD 2,3 millones para las 62 parroquias azuayas. Lucero dijo que en algunos casos hay obligaciones pendientes desde el 2011, justificadas y que no se han transferido. “Necesitamos esos dineros, ahora que el Gobierno anunció el recorte presupuestario a todos los gobiernos autónomos”.

Lara se reunió con las autoridades del Ministerio de Finanzas y existió el compromiso de iniciar los pagos desde mañana. Él aseguró que en los gobiernos parroquiales amazónicos no hay afectación grave, porque el Gobierno les proporcionó más fondos por la reasignación de la Ley 010 (extracción petrolera).

“El resto de parroquias, por supuesto que deben estar en problemas (...). Si no se paga hasta el 19 podrían entrar en una situación difícil”, dijo Lara.

En Tungurahua, los presidentes de las 44 juntas parroquiales alistan la reducción de sus presupuestos, tanto en gasto corriente como en inversión. Según el presidente de los gobiernos parroquiales de esa provincia, Luis Acurio, esta decisión afectará a proyectos productivos, asfaltado de vías, arreglo de parques, etc.

Él señaló que en las parroquias pequeñas, como Lligua, que maneja USD 75 000 al año, el problema es mayor. “No sabemos cómo harán el recorte, porque la mayoría del dinero se destina a proyectos productivos. Estamos preocupados”.

En Quisapincha, dice el presidente parroquial, Antonio Vivanco, 100 familias no podrán acceder a capacitaciones y entrega de cuyes, conejos y ovinos, para iniciar sus emprendimientos.

Asimismo, siete juntas parroquiales de Santo Domingo de los Tsáchilas reportan retrasos en las asignaciones. El monto para cada una oscila entre los USD 1 800 y 3 000. Por ello, el viernes pasado los presidentes de estos gobiernos analizaron el tema.
Ellos señalaron que en las parroquias Puerto Limón, San Jacinto del Búa, Luz de América, El Esfuerzo, Alluriquín, Santa María del Toachi y Valle Hermoso hay obras pendientes que no se ejecutan.

Para el presidente de la Asociación de Juntas Parroquiales, Ricardo Hasegawa, el adoquinado que preveía arrancar el último trimestre del 2015 en las siete jurisdicciones no se inició. “Nos ofrecieron entregar los recursos desde la próxima semana. Estamos pendientes de que eso suceda, porque en nuestras comunidades es difícil que entiendan la situación económica”. Él señaló que no se tomarán medidas de hecho.

En el caso del Guayas, Pedro Castro, presidente de la Junta Parroquial de Mariscal Sucre, cantón Milagro, dijo que con algunos ahorros pagó los valores de noviembre. “El Gobierno nos debe las asignaciones de noviembre y diciembre. Nos ofrecieron pagar entre el 10 y 12 de enero, pero no hay nada. Solo en dos meses la deuda llega a los USD 46 000. Tenemos compromisos, como los pagos al SRI y al Banco del Estado, pero debemos comprender que no es culpa del Gobierno”, dice el dirigente, que pertenece a Alianza País.

Hay obras afectadas como la contratación de un parque en el sector de Aguas Calientes y un polideportivo.

Jaime Lindao llegó a la presidencia de la Junta Parroquial del Morro (Guayaquil) por Madera de Guerrero. Según él, le adeudan USD 50 000 y debe los sueldos y una cuota de dos préstamos. Según Lindao, buscan realizar una reunión con otras juntas, para analizar el tema y saber cómo afrontar la situación. Él y Castro descartaron por el momento protestas.

En Azuay, las autoridades de la Conagopare presionan a la dirigencia nacional para dialogar con el Gobierno. Según René Lucero, no han sido convocados a una reunión.

En contexto
La deuda del Ministerio de Finanzas afecta al accionar de los gobiernos parroquiales, que tienen deudas con proveedores, contratistas y trabajadores. Según la Conagopare, hay el compromiso de las autoridades para desembolsar el dinero desde mañana.

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