En julio del 2012, Julián Assange se asiló en la Embajada de Ecuador en Londres. Foto: Archivo.
El fundador de Wikileaks, Julián Assange, no se someterá al interrogatorio que estaba previsto para este lunes 14 de noviembre de 2016 en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra.
La semana anterior su abogado, Carlos Poveda, presentó un escrito, al que EL COMERCIO tuvo acceso, ante la Fiscalía General en Quito, indicando que esa diligencia no se ha propuesto de buena fe para proveerle la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.
“Simplemente sirve al propósito de cumplir con los requisitos del derecho procesal penal sueco para poder imputar formalmente a Assange, independientemente de lo que diga el asilado en su defensa”.
En la diligencia fijada para las 10:00 (hora de Londres), el fiscal Wilson Toalinga, quien viajó el sábado a Inglaterra, espera interrogar a Julián Assange en torno a supuestos delitos sexuales denunciados por dos mujeres que investiga la justicia sueca.
La versión fue solicitada por el Ministerio Fiscal de Suecia mediante una Asistencia Penal Internacional. De hecho, en la diligencia estarán presentes Ingrid Isgren, jefa adjunta de la Instrucción Sumarial de la Fiscalía de Vasteras (Suecia), y la investigadora Cecilia Redell, inspectora de la Policía Criminal de la Unidad de Investigaciones de la Región de Estocolmo.
Inicialmente, la diligencia estaba prevista para el 17 de octubre pero fue diferida por pedido de Assange, quien entonces argumentó sus razones de garantías de protección y defensa personal.
Sobre Assange pesa una orden de arresto dictada en 2010 por la justicia sueca. El periodista australiano se refugió en la Embajada ecuatoriana al término de un largo proceso legal en el Reino Unido, que falló a favor de su entrega a Suecia.
Entonces, la intención de Assange era evitar la extradición al país escandinavo porque temía ser enviado después a Estados Unidos, donde podría afrontar un juicio por los secretos sobre la seguridad estadounidense revelados por Wikileaks.
Assange, quien permanece asilado en la Embajada desde julio del 2012, sostiene que cualquier colaboración con la justicia sueca sería consumar el desconocimiento de su derecho de asilo, pues estaría admitiendo que puede ser enjuiciado por un delito común. “No me someteré a ninguna diligencia dispuesta, mientras no se me respeten mis más elementales derechos humanos”.
La permanencia del australiano en la Embajada ecuatoriana se agravó desde el 17 de octubre pasado. Ese día, el Gobierno cortó la conexión de Assange a Internet, alegando que estaba interfiriendo en el proceso electoral de Estados Unidos, al filtrar miles de correos de la entonces candidata presidencial Hillary Clinton.
“El Gobierno del Ecuador respeta el principio de no intervención en los asuntos de otros países, no se inmiscuye en procesos electorales en curso ni apoya a un candidato en especial”, señaló en ese entonces la Cancillería, al justificar la decisión.
La difusión de los correos fue uno de los caballos de batalla del hoy presidente Donald Trump. A lo largo de su campaña, el republicano insistió en que Clinton debía ser procesada por el uso inapropiado de información clasificada al haber empleado un servidor de correo privado mientras era secretaria de Estado.
Según Wikileaks, la suspensión de las comunicaciones fue solicitada al Gobierno ecuatoriano por el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry. Tanto Ecuador como EE.UU. negaron cualquier contacto por este tema.
Fuentes cercanas a Wikileaks comentaron que por los últimos incidentes en la Embajada y con la llegada al poder de Trump la situación cambió. En esta organización incluso se analiza la posibilidad de que el australiano abandone la Embajada y se entregue a las autoridades inglesas para ser enviado a Suecia, sin temor de ser extraditado a EE.UU. Para Assange sería más conveniente litigar en Suecia, dijeron fuentes próximas a la defensa.
Una de las razones que acelerarían esta decisión es la condición de salud del activista australiano de 45 años. Al argumentar su negativa a declarar ante el fiscal Toalinga, el abogado de Assange adjuntó un certificado médico. Ese documento está firmado por un médico inglés que el 9 de noviembre pasado estuvo en la Embajada en Londres para realizar una evaluación de su salud física y mental.
A causa de su largo cautiverio, Assange sufre una aguda depresión y un trastorno de estrés postraumático (TEPT), que también fue diagnosticado el 8 de noviembre por un experto psicosocial. “Sería menos estresante y podría minimizar el daño a largo plazo de su salud mental si se le permitiera dar su declaración a través de la vía telefónica, en lugar de una reunión en persona”, indica el certificado.
El australiano también sufre una parálisis en su hombro derecho que tiene un rango limitado de movimiento, que padece desde el 2015 y no ha podido diagnosticarse con precisión por que no se ha podido realizar una resonancia magnética. Además, tiene dolor dental en su segundo molar superior derecho, que derivó en una pieza dental rota. “La Embajada es un lugar inadecuado para un tratamiento dental”.
Hasta que el paciente sea efectivamente tratado y sus problemas de salud mental y física, que se derivan de su confinamiento hayan sido resueltos, no estará en condiciones para participar presencialmente en una diligencia procesal, concluye el parte médico.