En 7 juicios se indaga si agentes del Estado violaron los DD.HH.

Ayer, Dolores Vélez (rojo) y Dolores Briones estuvieron presentes en el juicio.
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Javier Ortega. Redactor (I)

jortega@elcomercio.com

Desde 2012, la Fiscalía investiga 136 casos de presuntos abusos perpetrados entre 1984 y 2008. Allí está el caso Las Dolores.

Fue el segundo día de juicio. En menos de cuatro horas dos coroneles y un general en servicio pasivo se sentaron frente al estrado y respondieron decenas de preguntas. Son testigos dentro del caso Las Dolores. 

“La actuación del Grupo de Intervención y Rescate fue ilegal. Nunca me avisaron”, dijo uno de los exoficiales sobre el operativo que se desarrolló 19 de noviembre del 2003 en una farmacia de Guayaquil, y en el que murieron ocho personas y otras tres todavía están desaparecidas.

En medio de ese cruce de preguntas y respuestas estaban Dolores Vélez y Dolores Briones. Las dos perdieron a sus esposos en el operativo.

En la sala no estaba Dolores Guerra. Ella aún busca a Johnny Gómez, su esposo desaparecido desde aquel 19 de noviembre. Las tres son consideradas parte de las más de 2 000 víctimas indirectas de presuntas violaciones de DD.HH. perpetradas contra 456 esposos, hijos, padres...entre los años 1984 y 2008.

Los casos constan en el informe que la Comisión de la Verdad (CV), creada en 2007, investigó y presentó en 2011.
Esas indagaciones llevaron a la creación de una unidad especializada de la Fiscalía General del Estado. Desde el segundo semestre del 2012 se encarga de judicializar los 136 casos de presuntas violaciones de los DD.HH.

Además del proceso judicial por la muerte de las ocho personas en la farmacia, esa dirección ha abierto otros seis juicios, pese a que han transcurrido tres años desde que se difundió el informe.

Uno de ellos es el denominado caso Lema. Tres fueron las víctimas. Ocurrió el 18 de septiembre de 1998. Sin orden de captura ni orden de allanamiento -según el informe- agentes policiales arrestaron a Washington Bolaños, Édwin Punguil y José Lema. Los acusaron del asesinato de Flavio Pantoja, un comerciante acribillado al salir del banco La Previsora, el 24 de agosto de 1998.

Lema, de entonces 18 años, no olvida el día que lo capturaron. Le apuntaron con metralletas, le dijeron que no se moviera y lo subieron a un patrullero. En el vehículo utilizaron su chompa para cubrir su rostro.

En la PJ de Pichincha -relata- le patearon, lo asfixiaron con gas y le pedían que se inculpara. El mismo método utilizaron contra Punguil y Bolaños. “Nos hicieron desvestir y nos botaron agua helada y gas. Le comenzaron a pegar con un palo de escoba a mi amigo (Punguil). A él especialmente lo torturaban porque decían que él era quien había matado al señor”. Ese testimonio aparece en el informe de la CV.

En junio pasado, un Tribunal Penal condenó a tres años de prisión al policía en servicio pasivo Pedro U. Se lo sentenció como culpable de las torturas perpetradas contra Lema y sus compañeros. Otros dos exagentes fueron declarados inocentes. Fue el primer caso de los siete que se han judicializado en recibir sentencia.

El fiscal Chiriboga dijo entonces que esa resolución marcaba un “hito en la historia judicial del país en cuanto al juzgamiento en materia de derechos humanos”.

Hace tres semanas nueve agentes del Estado fueron llamados a juicio por el caso Vaca, Cajas, Jarrín, exmilitantes del grupo Alfaro Vive Carajo. (AVC). Ellos fueron detenidos en noviembre de 1985. A Susana Cajas la mantuvieron 15 días desaparecida. Luego de esas dos semanas la llevaron, cubierta los ojos, a una especie de quebrada.

“Si regresas a ver te mueres (...) Había sido por Cumbayá, en una zona rural, en un campo. Estaba al lado de Javier Jarrín. Entonces yo ya esperaba el disparo atrás te juro”, relató la ex AVC a la Comisión de la Verdad.

Las Dolores, como Cajas, Vacas y Jarrín, quieren justicia. Lo han dicho siempre. Por ahora ese deseo aún parece distante. Hasta el mediodía de ayer 15 de 103 testigos rindieron su testimonio. El juicio puede prolongarse al menos tres semanas más. Entonces vendrá la resolución de la Corte de Justicia.

Mientras se desarrolla el juicio, la Fiscalía indaga la denuncia de dos de los 11 agentes detenidos por este caso y que aseguran haber recibido presuntas presiones para que acusaran al alcalde Jaime Nebot de formar en 2003 un grupo antidelincuencial para eliminar a sospechosos. Ayer, en una rueda de prensa, el alcalde de Guayaquil negó esas insinuaciones.

El resto de casos presentados por la CV permanecen en indagación previa. La intención de la Fiscalía es que no haya impunidad en ninguno de las aparentes violaciones a los derechos humanos.

La cronología

Noviembre 2003
Ocho personas fallecieron en el operativo que realizó la Policía. Otras tres víctimas permanecen desaparecidas, entre ellas el esposo de Dolores Guerra (foto).

Diciembre 2003
La Inspectoría General de la Policía presentó un informe en el que se admite que hubo “mal procedimiento policial” y “uso irracional de la fuerza de las armas”.

Marzo 2014
La Fiscalía cambió el nombre de este caso y lo calificó como Las Dolores. Antes llevaba el nombre de la farmacia donde ocurrieron los hechos.

Octubre 2014
Se inicia la audiencia de juzgamiento contra 11 procesados por el caso Las Dolores. Otros 7 están prófugos, entre ellos el oficial que dirigió el operativo.

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