10 de noviembre de 2015 00:00

Alto Mando llegó al juicio contra exmilitares

El general Guillermo Rodríguez Lara, exjefe del Gobierno militar, entre 1972 y 1976, también llegó a la Corte Nacional. Fotos: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

El general Guillermo Rodríguez Lara, exjefe del Gobierno militar, entre 1972 y 1976, también llegó a la Corte Nacional. Fotos: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Javier Ortega

De una calle contigua a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) aparecieron más de 25 altos oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Luis Garzón, jefe del Comando Conjunto, lideró el recorrido hasta el octavo piso de ese edificio judicial.

Los uniformados se ubicaron en los primeros asientos del auditorio. Allí estaban Raúl Banderas, Carlos Obando y Luis Santiago, comandantes de la Fuerza Aérea, Terrestre y Marítima. Frente a ellos, a un metro de distancia, se colocaron los militares en servicio pasivo acusados de perpetrar crímenes de lesa humanidad.

Por primera vez en la historia del país, la Justicia sentó en un banquillo a agentes del Estado por esa figura penal. Los militares en servicio activo no eran los únicos en la Corte. Afuera, decenas de soldados retirados rodearon una esquina de la CNJ y protestaron por el proceso. El coronel Fausto Cobo, exasambleísta de Sociedad Patriótica, encabezó el plantón.

La mayoría llevaba carteles. ‘Somos militares, no criminales’, ‘Los vencedores del Cenepa, acusados por terroristas’, ‘Los soldados enjuiciados, los terroristas condecorados’, eran algunas leyendas escritas.

Esos mensajes se referían a las tres personas consideradas por la Fiscalía como víctimas y que, en la década de los 80, integraron el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC): Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín.

Ellos fueron capturados el 10 de noviembre de 1985, en Esmeraldas, por un grupo de militares que pidió sus identificaciones. Desde allí, los soldados los trasladaron al Batallón de Inteligencia ubicado en Conocoto (Pichincha), según consta en los expedientes judiciales.

Cajas y Jarrín permanecieron arrestados 15 días. En ese período se perpetraron las supuestas torturas físicas, psicológicas y sexuales. Sobre Vaca, los documentos dan cuenta que el exintegrante de AVC pasó en situación de desaparición forzada durante tres años. Él fue liberado a mediados de 1988.

Ayer, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, tenía previsto recordar esos detalles, pero la ausencia de uno de los cinco procesados evitó que la audiencia se instalara.
La diligencia estaba pactada para las 11:00.Antes de que empezara, Garzón se reunió con Chiriboga a puerta cerrada, durante unos 40 minutos. Este dato lo confirmó el Fiscal en una entrevista con este Diario.

EL COMERCIO conoció detalles de lo que allí se dijo. Entre otras cosas, el jefe del Comaco pidió información sobre el caso. El Fiscal le contestó “que tuviera confianza en el sistema judicial del país (...), que no se trataba de una venganza”. Incluso, le aseguró que le “agradaba” que estuviera en la Corte para conocer las pruebas que hay contra sus “camaradas”.

No solo eso. Chiriboga le recordó al General que “cuando ingresó a las FF.AA. hizo un juramento al Ecuador, en el que se comprometía a respetar la Constitución y las leyes”.

Lo que no sentó tan bien a la Fiscalía fue la protesta que se desarrolló en los exteriores del edificio. Chiriboga la calificó de “poco adecuada y agresiva”.

A la defensa de Vaca, Cajas y Jarrín, en cambio, no le agradó el desfile de altos oficiales de las Fuerzas Armadas, pues se lo consideró un “acto de presión para los jueces”.

En la Fiscalía, la presencia del Alto Mando militar tiene una explicación: el espíritu de cuerpo hacia sus compañeros.
Incluso estuvo el general Guillermo Rodríguez Lara, quien presidió el Gobierno militar, entre 1972 y 1976.

Por ahora, las pruebas que manejan los investigadores siguen en reserva. No se sabe cuándo se instalará el juicio.
Silvia Sánchez, jueza ponente en este caso, canceló la diligencia tras analizar un documento médico que presentó el abogado de Mario A., en el que se certificaron problemas cardíacos.

En el escrito, según conoció este Diario, no se precisa la fecha en la que el oficial procesado pueda recibir el alta y asistir al juzgamiento. En esta diligencia participarán 69 testigos y se exhibirán 11 experticias y 70 documentos que avalarían las supuestas torturas físicas, psicológicas, sexuales y la desa­pa­rición forzada que sufrieron los exintegrantes de AVC.

Tras el anuncio de Sánchez, los altos oficiales abandonaron el auditorio. Uno a uno desfilaron por los pasillos del octavo piso,ingresaron a los ascensores y se fueron en sus vehículos.

En contexto

En un inicio, por los supuestos crímenes de lesa humanidad, fueron acusadas nueve personas, todas exagentes del Estado. Dos fallecieron durante el transcurso de la investigación, otras dos están prófugas y cinco permanecen con medidas sustitutivas.

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