5 de October de 2014 20:57

El juicio contra los alumnos del Mejía avivó la criminalización de la protesta

El menor de edad usa un cuello ortopédico por los golpes que recibió de varios policías. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

El menor de edad usa un cuello ortopédico por los golpes que recibió de varios policías. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Arturo Torres. Editor (I)
atorres@elcomercio.com

Pedro sintió un golpe seco en la espalda que lo lanzó al piso. El joven, de 17 años, trató de levantarse, pero fue arrollado por la misma motocicleta que lo había golpeado y era ocupada por dos policías. Luego fue rodeado por un grupo de agentes que lo pateaba y le daba toletazos. Su testimonio está recogido en la denuncia penal que su padre Walter Ayol presentó esta semana en la Fiscalía por supuestas torturas.

La detención de Pedro (nombre protegido) ocurrió a las 19:00, mientras se dirigía a tomar el bus para ir a su casa, en el barrio de Toctiuco. Minutos antes había terminado su jornada vespertina estudiantil del cuarto año de bachillerato en el Mejía. Esa tarde los estudiantes salieron a las calles a protestar por el alza de pasajes anunciada por los transportistas.

Entonces, llegaron varios piquetes antimotines, con perros, escoltados por decenas de motociclistas. En ese operativo participaron 500 policías.

Caía la noche. El estruendo de las motocicletas y las sirenas de los patrulleros se escuchaba a varias cuadras y llamaron la atención de la hermana Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de DD.HH., que tiene sus oficinas en el sector de La Alameda. “Bajamos a mirar lo que ocurría: decenas de motos circulaban. Era como una jauría hambrienta, una cacería que se había desatado contra los jóvenes… Algunos estudiantes eran arrastrados por las motocicletas”, relató Monge a EL COMERCIO.

La versión del Gobierno es que en las protestas no hubo excesos y que la Policía aplicó el uso progresivo de la fuerza para disolver a los manifestantes, que estaban provocando desmanes. “A las personas que estaban en actitud violenta y transgrediendo a la Ley no se les detiene con pétalos de rosas”, ironizó el ministro José Serrano al referirse a las críticas de supuestos maltratos. Por su parte, el presidente Rafael Correa anunció que de existir abusos se investigarían y se aplicarían sanciones.

Precisamente, el caso denunciado por la familia Ayol evidencia supuestos excesos. Luego de capturar a Pedro, “sin informarle los motivos de su detención”, los policías lo esposaron y lo subieron a la moto. “Me llevaron dos uniformados, que me seguían golpeando en la cabeza. Recuerdo que pasamos una panadería y perdí el conocimiento. Desperté en la Unidad de Policía Comunitaria de la Basílica, y recibí una patada cerca del oído”, relató el joven a este Diario.

Además,“la Policía recurrió a medidas de tortura –señala la denuncia- como pinchar de manera ininterrumpida con la punta de un esferográfico en la cabeza, únicamente para que el adolescente diera su nombre, rociaron gas en su cara provocándole asfixia, y luego fue trasladado hasta la unidad de Delitos Flagrantes de la Fiscalía”. A las 22:00, su madre, Alicia Barros, llegó a esa dependencia y pidió que fuera trasladado a un hospital Eugenio Espejo, en donde ingresó por emergencia.

El parte médico del centro está anexado a la denuncia como la prueba principal. “El paciente ingresó tras sufrir politraumatismos, con golpes múltiples en la cabeza, cuello con dolor y limitación funcional en dicha área; miembro superior izquierdo con dolor que se intensifica con el movimiento, presencia de escoriaciones en el hombro y el codo; miembro inferior izquierdo con escoriaciones de 5 centímetros de diámetro, dolor en la cadera y pérdida de la conciencia de dos minutos”, indica el reporte de la historia clínica 860879. Pedro estuvo internado dos días y luego fue dado de alta.

El chico fue uno de los 55 menores de edad detenidos en los disturbios ocurridos entre el 17 y 18 de septiembre en los colegios Mejía y Montúfar, liberados por orden del Ministerio del Interior. 60 mayores de 18 años también fueron apresados y enfrentaron cargos por daños a la propiedad. 54 de ellos fueron declarados culpables, el jueves pasado.

Este Diario revisó los informes médicos de 60 estudiantes detenidos, certificados por la doctora Olivia Guerrero, del Ministerio de Salud Pública, y 18 versiones adjuntadas al juicio penal. En 35 casos la especialista certificó que los jóvenes sufrieron lesiones de diferente tipo, producidas por la “acción traumática de un cuerpo contundente”.

Los informes coinciden con las versiones de los 18 estudiantes, quienes aseguraron haber sido golpeados con cascos y toletes, maltratados con puntapiés en el piso.

Para el Régimen, no obstante, los alumnos pretenden victimizarse, pues los verdaderos afectados fueron los 17 policías que también resultaron heridos por los “actos vandálicos”.

Elsie Monge dice no recordar un caso similar de detenciones masivas estudiantiles desde el regreso a la democracia. “Hubo un uso excesivo de la fuerza, el objetivo era castigar a los estudiantes, y luego enjuiciarlos. Este es otro caso de criminalización de la protesta”.

Con ella coinciden Gina Benavídez y Gardenia Chávez, catedráticas del Programa de DD.HH. de la Universidad Andina. “Los estudiantes estaban ejerciendo un derecho garantizado por la Constitución a la resistencia”, dice Benavídez. “En lugar de reprimirlos, el Gobierno debía permitir que los jóvenes se expresen libremente, no enviar cientos de policías para provocarlos”, agrega Chávez.

En su último informe, el Programa Andino de DD.HH. estableció que desde hace varios años, sobre todo desde el 2008, la criminalización de la protesta social se ha expresado en el inicio de juicios por delitos de sabotaje, terrorismo, desacato y rebelión, relacionados con la seguridad del Estado.

No obstante, se observa una disminución de estos casos. Mientras en el 2011 la Fiscalía abrió 409 procesos, hasta septiembre del 2012 llegaron a 254. Esa tendencia también se evidencia en datos del Consejo de la Judicatura. Entre el 2013 y el 2014 se iniciaron 79 juicios de sabotaje, 52 de sabotaje y terrorismo y uno de terrorismo organizado. Solo se ha expedido una sentencia por terrorismo organizado con 12 implicados.

La criminalización de la protesta ha sido criticada por diversos organismos de DD.HH., incluida la Defensoría del Pueblo y Amnistía Internacional, que resaltaron la presión que ejerce el Gobierno sobre los jueces. Sobre todo, por la detención, enjuiciamiento y sentencia de líderes sociales.

Para la Judicatura esas denuncias son infundadas, pues los juzgadores solo persiguen delitos y no personas.

Con el apoyo de Inredh, Walter Ayol y Alicía Barros quieren sentar un precedente que “frene los abusos policiales” y la represión que sufren quienes protestan por sus derechos.

CIFRA
55 menores de edad fueron detenidos varias horas entre el 17 y 18 de septiembre en Quito.

NO OLVIDE
La tortura está tipificada como delito en el artículo 151, numeral 4, del Código Orgánico Integral Penal.

Es responsable la persona que inflija a otra persona un grave dolor o sufrimiento físico o psíquico.

La pena establecida por esa normativa para los casos de tortura es de siete a 10 años de prisión.

Se considerará un agravante si la tortura es aplicada por un funcionario público a un menor de edad.

CRONOLOGÍA
17 de septiembre. Los gremios de trabajadores y otros movimientos sociales realizaron una marcha que terminó en la plaza de San Francisco, en el centro de Quito.

17 de septiembre. Los militantes de Alianza País organizaron una contramanifestación en la Plaza de la Independencia, para mostrar su respaldo al presidente Rafael Correa.

18 de septiembre. Los estudiantes de los colegios Mejía y Montúfar realizaron protestas ante el anuncio del alza de los pasajes. Fueron detenidos 55 menores y 60 mayores de edad.

3 de octubre. 54 de los 60 estudiantes detenidos en los disturbios del Colegio Mejía fueron declarados culpables, el jueves pasado, por daños a la propiedad.

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