31 de agosto de 2016 11:37

Jueza suspendió el inicio del juicio por los pases irregulares en la Policía

La audiencia por el presunto delito de delincuencia organizada en la venta de pases policiales no pudo instalarse por falta de espacio físico. Foto: EL COMERCIO

La audiencia por el presunto delito de delincuencia organizada en la venta de pases policiales no pudo instalarse por falta de espacio físico. Foto: EL COMERCIO

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Fernando Medina
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La audiencia estaba agendada para las 08:30 de este miércoles 31 de agosto del 2016, en la Corte Provincial de Pichincha. Sin embargo, no pudo instalarse por falta de espacio físico. La jueza Maritza Romero ordenó la suspensión de la diligencia. De esta forma, el juicio por el presunto delito de delincuencia organizada en la venta de pases policiales no se inició.

Desde las 08:00 familiares y amigos de los 16 procesados en este caso esperaban en las afueras de la Corte a los detenidos. En un bus del Ministerio de Justicia llegaron los indagados que vestían de terno. Entre ellos estaban el excomandante de la Policía Fausto Tamayo y el teniente Alexis Cifuentes, quien es identificado como el principal cabecilla de esta red. Los dos tenían esposas en sus manos.

Una vez adentro del edificio, la audiencia debía realizarse en el cuarto piso, pero los reclamos de policías que asistieron para rendir su testimonio en calidad de testigos, no se hicieron esperar. “Estamos aquí más de 500 uniformados y ninguno conoce por qué fue citado”, señaló un general que también estaba dentro de la lista de convocados.

Funcionarios de la Corte pedían “colaboración” a los asistentes y dirigían al piso tres a quienes eran testigos de los sospechosos. A otra sala fueron llevados los testigos de la Fiscalía. Solo los procesados junto a sus abogados estaban dentro de la sala de audiencia.

Con la llegada de jueces, Romero, Eduardo Ochoa y Dilsa Muñoz, se intentó instalar la audiencia, pero no fue posible, pues los abogados de los procesados reclamaron el espacio incómodo.
Ricardo Vaca y Julio Sarango, abogados, pidieron “respeto”. Este último incluso señaló que “no se puede administrar justicia en este caos”.

La fiscal provincial, Tania Moreno, también se refirió al espacio reducido de la sala que alberga a cerca de 40 personas. Ella también admitió que para la diligencia estaban convocados más de 400 testigos.

Tras una hora de discutir sobre el espacio, la juez Romero suspendió la diligencia e hizo un llamado de atención a la organización. Además, mencionó que pronto se nombrará una nueva fecha para el inicio del juicio.

A las 10:00 salieron nuevamente los enjuiciados esposados y con un fuerte contingente policial. Luego se marcharon.

En un inicio, por este caso se investigó a 27 personas. Cuatro de ellas se acogieron a un procedimiento abreviado y ahora cumplen una sentencia.

Luego de más de tres meses de investigaciones, la Fiscalía llamó a juicio a 16. De ellos, 15 son policías y uno civil.

La investigación de los pases inició en julio del 2015. En ese año se detectó que policías cobraban a los uniformados entre USD 1 000 y 2 000 por el cambio de una ciudad a otra.

Las investigaciones de la Fiscalía señalan que en total se comercializaron 1 347 pases fraudulentos. El monto que manejo la red delictiva por esas transacciones llegarían a cerca de los USD 6 millones.

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