6 de septiembre de 2017 15:20

Jueza analizará 60 cuerpos del proceso judicial para emitir el fallo sobre extorsión en la cárcel de Cuenca

La Fiscalía de Azuay investigó y encontró que, supuestamente, existía una red de extorsionadores integrada también por familiares de los detenidos y tres exfuncionarios del Centro de Rehabilitación Social. Foto: Twitter Fiscalía Ecuador

La Fiscalía de Azuay investigó y encontró que, supuestamente, existía una red de extorsionadores integrada por familiares de los detenidos y tres exfuncionarios del Centro de Rehabilitación Social. Foto: Twitter Fiscalía Ecuador

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Lineida Castillo

Tras dos días, la noche del martes 5 de septiembre del 2017 concluyó, la audiencia preparatoria de juicio en contra de 23 de las 26 personas investigadas por el delito de extorsión a familiares de personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social de Cuenca. Los otros tres fueron absueltos.

No se emitió el fallo. La jueza a cargo del caso, Sonia Cárdenas, se tomará unos días para revisar los más de 60 cuerpos que contiene este proceso judicial, que inició en marzo del 2017 tras el operativo “Victoria”, que se realizó a escala nacional y que dejó 51 allanamientos y 51 detenidos.

En esa ocasión, los agentes de inteligencia identificaron que personas privadas de la libertad eran golpeadas o amenazadas de muerte -por otros compañeros- a cambio de conseguir dinero.

La Fiscalía de Azuay investigó y encontró que, supuestamente, existía una red de extorsionadores integrada también por familiares de los detenidos y tres exfuncionarios del Centro de Rehabilitación Social.

La audiencia preparatoria de juicio empezó el lunes 4 de septiembre en contra de 26 personas. Los abogados de los exfuncionarios de centro penitenciario (exdirector de la cárcel y dos coordinadores de pabellones) presentaron sus alegatos de descargo y según ellos, al no existir pruebas, pidieron a la Jueza que se dicte el sobreseimiento.

Pero Claudia Romero, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, insistió en que se inicie el juicio en contra de las 23 personas involucradas. “Se trata de una agrupación de delincuencia organizada que nace dentro del Centro de Rehabilitación Social. En la audiencia explicamos cómo estaba estructurada y presentamos todos los elementos encontrados”, dijo.

Según ella, no son meros indicios porque existen víctimas, testimonios receptados, valoraciones sicológicas, exámenes periciales, entorno social y la información proporcionada por el Ministerio de Justicia. La Fiscalía denunció que la red operó entre el 2016 y marzo del 2017.

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