1 de septiembre de 2016 00:00

Jueza anula decisión disciplinaria de la Armada Nacional

El capitán Edwin Ortega acudió a la audiencia con su abogado, Juan Vizueta.

El capitán Edwin Ortega acudió a la audiencia con su abogado, Juan Vizueta. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil
Redacción Seguridad

La justicia ordinaria admitió el pedido del Presidente. El 31 de agosto, Vanessa Wolf, de la Unidad Civil de Guayaquil, ratificó que Rafael Correa es el máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Además, dejó sin efecto la resolución del Consejo de Disciplina que falló a favor del capitán de corbeta Edwin Ortega.

La sentencia de Wolf levantó aplausos entre los simpatizantes del Gobierno. Un grupo de personas llegó hasta los exteriores del edificio judicial. Gritos de: “¡Dale Correa, dale!”, se escucharon en ese lugar.

La diligencia, a la que no acudió el Primer Mandatario, se inició pasadas las 15:00.

En representación del Jefe de Estado asistió Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia. El funcionario fue el primero en intervenir ante la jueza Wolf y aseguró que el fallo del Consejo de Disciplina de la Armada “destruyó los derechos” del Presidente.

El 19 de agosto, los cinco oficiales que integraron ese órgano disciplinario aseguraron que el Mandatario no es un “superior militar” y, por ello, no sancionaron a Ortega.

El oficial había respondido un e-mail que Correa envió masivamente a los soldados.

Mera cuestionó el 31 de agosto la decisión de los cinco uniformados y señaló que en otros consejos disciplinarios las Fuerzas Armadas sí reconocieron al Presidente como máxima autoridad en las filas militares.

Wolf consideró que se violaron los derechos de Correa. Por eso dispuso, como medida reparatoria, que la Armada integrara un nuevo órgano de disciplina “que respete las normas constitucionales” y que juzgue otra vez a Ortega.

Según la jueza, la primera resolución solo tomó en cuenta las normas militares y no el artículo 147 de la Constitución.

Allí se dice que una de las atribuciones del Presidente es ejercer la máxima autoridad en las FF.AA. y en la Policía.

Pero para Juan Vizueta, abogado del capitán Ortega, la decisión de Wolf violó principios legales, pues no tiene competencia para resolver este tema. “Se convirtió en jueza constitucional y fue en contra del artículo 429 de la Carta Política”.

Allí se especifica que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, de interpretación y de administración de justicia en esta materia.

El 31 de agosto, a la salida de la cita judicial, el capitán Ortega comentó que no teme un nuevo juzgamiento y aclaró que en la Marina hay principios.

Él, al igual que el Presidente, también recibió apoyo. “Solidaridad con el capitán Ortega”, gritó un grupo de simpatizantes afuera del edificio.

Al final de la audiencia, Mera comentó brevemente la decisión de la jueza y dijo que la sentencia sienta un precedente, para que no se repitan estos hechos. Además, aclaró que Correa no pedirá reparación económica por la supuesta vulneración de sus derechos.

Por ahora, el Jefe de Estado descartó la posibilidad de presentar una demanda contra los oficiales que integraron el primer consejo disciplinario.Ellos no asistieron a la diligencia. Tampoco sus abogados.

Sin embargo, la decisión de Wolf será apelada por la defensa del capitán Ortega. “Me extraña que solo se haya tomado cuatro minutos para resolver. Esto ya estaba decidido desde antes”, sostuvo Vizueta.

Además, el abogado aseguró en la audiencia que no se debió admitir la acción de protección. Y señaló que lo correcto era que el Mandatario presentara una queja por la vía de lo contencioso administrativo.

Farith Simon, catedrático de la Universidad San Francisco, advierte que esa figura legal se la concibió en la Constituyente del 2008, como una vía para garantizar los derechos de personas particulares, por violaciones perpetradas por el Estado. Y aclaró que su uso no aplica para funcionarios públicos, entre ellos el Presidente.

Precisamente, en la Constitución (art. 88) se precisa que la acción de protección se usa cuando un ciudadano considera que se violaron sus derechos por una autoridad pública.

Aunque Correa no asistió el 31 de agosto a la diligencia en contra de los cinco oficiales, en la mañana habló de los roces que el Gobierno tiene con las FF.AA.

El Jefe de Estado dedicó más de 25 minutos a hablar de las reformas que se analizan en la Asamblea y de los e-mails que ha recibido de oficiales, a los que consideró irrespetuosos.

Durante su discurso leyó varios fragmentos de la carta que le escribió un uniformado. Según el Presidente, en el texto, el militar criticó las políticas del Gobierno, entre ellas el juzgamiento de oficiales por presuntos delitos de lesa humanidad, perpetrados en los años 80 contra Alfaro Vive Carajo.

“O sea, a ellos (los militares) no hay que juzgarlos. Esto dizque ofende a las Fuerzas Armadas; hacer justicia, que además (la investigación) la impulsa un ente autónomo al Gobierno, que es la Fiscalía”.

Y luego insistió: “Ellos ya definieron a Alfaro Vive como terroristas. Tenemos fascismo dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Es hoy o nunca que cambiamos este país; todos unidos a rechazar estas posturas intolerables para esta patria democrática del siglo XXI”.

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