4 de julio de 2018 00:00

Jueza ordenó prisión preventiva de Rafael Correa

La jueza Daniella Camacho. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Daniella Camacho (centro), jueza de Garantías Penales, dictó las nuevas medidas cautelares contra Rafael Corea. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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El estatus legal del expresidente Rafael Correa cambió la tarde del martes, 3 de junio del 2018. Antes era un sospechoso que podía defenderse en libertad. Ahora es un procesado con orden de prisión preventiva en el país.

Quien modificó las medidas cautelares para Correa fue Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional. Ella ordenó la prisión preventiva del expresidente mientras dure la investigación del secuestro del exasambleísta Fernando Balda.

Esta decisión la tomó en una audiencia pública, en la que también dispuso que se informara a la Interpol para que procediera con la localización, captura y extradición. Cuando se logre el retorno del exjefe de Estado será trasladado a la Cárcel 4, en Quito.

Según la jueza, las nuevas medidas cautelares son la consecuencia del incumplimiento del expresidente de presentarse cada 15 días ante la Corte Nacional, como lo había ordenado el 18 de junio. En lugar de eso, Correa decidió acudir al Consulado de Ecuador en Bélgica, donde reside.

Justamente, la audiencia del martes fue solicitada por Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, quien tenía como misión lograr que la jueza aceptara la presentación de su cliente en la oficina consular.

Ochoa presentó seis documentos para argumentar su pedido, entre ellos, una carta enviada a la Asamblea Nacional, en la que el expresidente anunciaba que cuando terminara su período se radicaría en Bélgica. Otro documento era de la Delegación Electoral de Pichincha, donde consta que cambió su domicilio al país europeo. También incluyó un contrato de arrendamiento; un certificado escolar de su hijo y un certificado de hospitalización de su hija.

Sin embargo, esos papeles fueron impugnados por Felipe Rodríguez, abogado de Balda, quien señaló que no estaban apostillados ni notarizados.
Y también fueron considerados irrelevantes por Fiscalía.

Una vez que concluyó la exposición de Ochoa, la jueza dispuso que se analizara el incumplimiento de la primera medida cautelar que pesaba en contra de Correa.

En ese momento tomó la palabra el fiscal general (e), Paúl Pérez. Él pidió que se ordenara la prisión preventiva en contra del expresidente, por no haberse presentado el lunes en la Corte Nacional.

“No existe un ofrecimiento de que el expresidente vaya a comparecer en el proceso”, argumentó Pérez, y además solicitó la difusión roja a Interpol.

Lo mismo pidió la defensa de Balda, citando el artículo 542 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este determina que si un procesado incumple una medida cautelar, el fiscal solicitará al juzgador una medida privativa de la libertad.

Tras escuchar estas solicitudes, el abogado de Correa confrontó a la jueza y alzando su voz le exigió “imparcialidad”. A su criterio, la audiencia era ilegal y se pedía la prisión con el único fin de “castigarle” al expresidente.

Tras escuchar a los abogados, la jueza dispuso una hora de receso para fundamentar su resolución. Luego regresó a la sala y recordó que el 18 de junio había negado “expresamente” que el exmandatario se presentara ante una delegación internacional.

Sin embargo, Correa pidió el lunes en el Consulado de Ecuador en Bélgica que se certifique su asistencia. La magistrada recalcó que ese documento no tiene ninguna validez y que por tanto el exmandatario incumplió la medida ordenada.

La diligencia duró cerca de tres horas y en medio de aplausos de seguidores de Balda, las partes se retiraron de la sala.

En la planta baja del edificio, Ochoa anunció que apelará la decisión judicial. “Una sala de la Corte deberá conocer este recurso y ahí podrán constatar todas las arbitrariedades que han existido en el proceso”. Además, señaló que lo que se busca es cobrar venganza contra su defendido.

Por la noche (ya en la madrugada en Bélgica), el expresidente Correa escribió en su cuenta de Twitter: “Fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea, medida cautelar imposible de cumplir, etc. ¿Saben cuánto éxito va a tener esta farsa a nivel internacional? No se preocupen, todo es cuestión de tiempo. ¡Venceremos!”.

Por otro lado, el fiscal Pérez indicó que si la defensa de Correa apela la decisión judicial, la Fiscalía estará atenta para presentar los argumentos necesarios con el fin de que se mantenga la medida cautelar. La idea es que el exmandatario comparezca en un futuro.

La defensa de Balda, en cambio, manifestó su satisfacción de que se haya actuado en Derecho. “La juzgadora no tenía otra alternativa, esa (prisión preventiva) era la única medida que podía tomar”, comentó Felipe Rodríguez.
Balda dijo sentirse preocupado de que el expresidente pueda solicitar un asilo político en Bélgica u otro país.

Por ello anunció que desde hoy acudirá a las embajadas europeas con sede en Ecuador para presentarles “las evidencias de que no se trata de una persecución política, sino de un proceso judicial por un delito: secuestro”.

Más temprano, Balda también había comentado que pedirá que se investigue al exfiscal Galo Chiriboga, por haber impedido que se avance con las diligencias en su caso. “En la versión que rindió el exdirector de Asuntos Internacionales de la Fiscalía señaló que Chiriboga ordenó que se suspenda la investigación relacionada con mi plagio”, dijo Balda.

En contexto

El secuestro del exasambleísta Fernando Balda se produjo el 13 de agosto del 2012 en Bogotá, Colombia. Balda denunció el hecho en la Fiscalía del Ecuador el 3 de abril del 2013, pero las investigaciones se ac­tivaron el 23 de enero
del 2018.

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