Redacción Política
La jueza octava de la Niñez y Adolescencia de Quito, Elena Ortega, no encontró que en el cierre de 72 horas a Teleamazonas se haya vulnerado la Constitución.
En consecuencia, negó el pedido de acción de protección constitucional que la defensa del canal presentó, el pasado 23 de diciembre, para neutralizar el dictamen emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones. Cuando presentó este recurso legal, Sebastián Corral, gerente general de la estación, argumentó que el fallo de la Supertel puso en riesgo varios derechos constitucionales.
Entre ellos, citó el derecho constitucional al debido proceso, a la defensa y a la garantía estatal del trabajo. Según la defensa, se violaron, además, los derechos al libre acceso a la comunicación y a la libertad de expresión.
Pese a estas argumentaciones, la jueza Ortega negó la acción de protección. En su pronunciamiento, sostuvo que la medida de la Supertel no omitió ningún proceso administrativo, el mismo que se ajustó a lo que dicta la Ley de Radiodifusión y Televisión vigente. Por ello, declaró su validez procesal. “Una vez iniciado el proceso de una posible sanción, la accionante (Teleamazonas) compareció y ejecutó su derecho a la defensa constitucionalmente establecido”.
En ese sentido, la jueza Elena Ortega concluyó que no hubo violación a las garantías y al derecho al debido proceso. Además, que la sanción contra Teleamazonas se enmarcó en lo legal, pues la pena aplicada está tipificada en el Art. 71 de la Ley de Radiodifusión y Televisión.
Los directivos de Teleamazonas asumieron con calma este fallo. Pablo Ortiz, abogado del canal, dijo que acudirán a la Corte Provincial de Justicia para apelar el fallo. “De acuerdo con la Ley, tenemos tres días de plazo para presentar las pruebas de descargo. El jueves visitaremos la siguiente instancia legal”.
Si el canal no recibe una respuesta positiva a todas sus apelaciones, el fallo de la Supertel será considerado legal y no pasará nada a futuro, concluyó Ortiz.
La entidad de control dictaminó que Teleamazonas cometió una infracción al difundir noticias basadas en supuestos. Esto, a propósito del reportaje sobre una supuesta suspensión de la pesca en la isla Puná, por la presencia de un taladro petrolero de la estatal venezolana Pdvsa.