6 de septiembre de 2016 19:32

La jueza Wolf notificó la sentencia en contra de los cinco oficiales de la Armada

El capitán Edwin Ortega acudió a la audiencia con su abogado, Juan Vizueta.

El capitán Edwin Ortega acudió a la audiencia del pasado 31 de agosto con su abogado, Juan Vizueta. Foto: EL COMERCIO

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Stives Reyes
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La jueza Vanessa Wolf tardó cinco días en notificar por escrito la sentencia a favor del presidente Rafael Correa en la acción de protección en contra de cinco oficiales del Consejo de Disciplina de la Armada. Este lunes 5 de septiembre del 2016 ratificó lo que había resuelto en cuatro minutos, el 31 de agosto pasado, cuando dejó sin efecto la resolución disciplinaria que no admitió un proceso en contra del capitán Edwin Ortega.

Según el fallo, el Consejo de Disciplina que juzgó a Ortega vulneró al derecho constitucional a la seguridad jurídica del Presidente de la República, al no considerarlo como la “máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. La jueza considera que se inobservó lo establecido en el artículo 147, numeral 16 de la Constitución de la República.

Wolf ordenó dejar sin efecto la resolución disciplinaria emitida el 17 de julio pasado y dispuso que de manera inmediata la autoridad competente conforme un nuevo Consejo de Disciplina para que juzgue otra vez la conducta de Ortega, por supuestamente haberle faltado el respeto al Presidente en un correo electrónico. Quienes conformen el nuevo tribunal “deberán resolver sobre la base de las disposiciones constitucionales y legales indicadas en el contenido de la sentencia”.

Con este fallo, la jueza se acogió a todas las pretensiones que presentó Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia en su demanda. Mera solicitó a través de la acción constitucional que se declare la vulneración a la seguridad jurídica del Presidente, que se anule el procedimiento del anterior Consejo de Disciplina, que se ratifique que el Jefe de Estado es la máxima autoridad de las FF.AA., superior militar y jerárquico y que se disponga la conformación de un nuevo tribunal que juzgue a Ortega.

En el documento, que consta de 18 páginas, se analizó si el Presidente de la República podía solicitar una acción de protección en su calidad de Mandatario. Según la jueza, para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no hay condiciones ni requisitos que dispongan lo contrario, “de tal manera que cualquier persona, incluido el Presidente, puede hacer uso de ella”.

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