17 de agosto de 2016 19:37

Juez ordenó la prisión y retención de cuentas bancarias de contratista de Petroecuador

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Sara Ortiz
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Un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sirvió como evidencia para que la fiscal María Susana Rodríguez presentara cargos por un supuesto cohecho en contra de Javier Baquerizo Zambrano, presidente de la empresa Oil Services and Solution (OSS), contratista de la empresa pública Petroecuador.

La audiencia se realizó la tarde de este miércoles 17 de agosto del 2016, ante el juez David Lasso de la Unidad de Delitos Flagrantes de Quito. Se lo hizo luego de que el empresario fuera detenido en el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela.

En el informe de la UAF que presentó la fiscal Rodríguez se detallan operaciones “inusuales e injustificadas” entre dos empresas offshore que aparecen en los Papeles de Panamá. Se tratan de Girbra S.A., cuyo propietario sería Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, quien también es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, y la compañía Arkdele Investments Limited. Esta última está aparentemente asociada con dos personas, a quienes se los identifica como primos de Javier Baquerizo.

La relación de estas empresas con el presunto cohecho son unas transacciones de dinero realizadas desde la cuenta bancaria de Arkdele hacia la cuenta de Girbra S.A. y que inician el 13 de febrero del 2014 y cuyo monto total no fue detallado.

La investigación indica que a partir de las transacciones, que de hecho se realizaron en el exterior (entre el EFG Bank, en Zurich, y el Helm Bank, en Panamá), la empresa OSS se benefició de 12 contratos con la estatal petrolera por un monto aproximado de USD 44 710 000.

Rodríguez dijo además que entre la supuesta compañía de la familia Baquerizo y la empresa que sería de Bravo se firmó un contrato de agenciamiento el 10 de febrero del 2014.

El acuerdo consistía en que Arkdele, vinculada al procesado, entregaría un pago inicial de USD 600 000 a Girbra, del exgerente, más el 10% de la facturación de los servicios que obtenga en el país.

Jorge Acosta, abogado de Javier Baquerizo, cuestionó que “no exista ni un registro oficial” en el que se indique que su cliente sea “propietario de las empresas que se han mencionado”. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

Jorge Acosta, abogado de Javier Baquerizo, cuestionó que “no exista ni un registro oficial” en el que se indique que su cliente sea “propietario de las empresas que se han mencionado”. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO


Con base en esta información, la Fiscalía abrió ayer, 16 de agosto del 2016, una indagación previa contra Baquerizo Zambrano y el mismo día se ordenó su detención.

En la audiencia el procesado tomó la palabra para asegurar que no tiene relación ni con Girbra ni con Arkdele y aseguró que su trabajo consistían en vigilar que se cumplan los contratos que su empresa suscribió con Petroecuador, sobre todo para las refinerías La Libertad y de Esmeraldas, donde Bravo fue responsable de proyectos.

“Yo no consto en los Papeles de Panamá; no poseo ninguna cuenta en los paraísos fiscales ni soy propietario de la empresa Arkdele”, dijo el sospechoso.

Su abogado, Jorge Acosta, también cuestionó que “no exista ni un registro oficial” en el que se indique que su cliente sea “propietario de las empresas que se han mencionado”.

Para el juez Lasso, en cambio, la Fiscalía presentó suficientes evidencias de un presunto delito y abrió la etapa de instrucción fiscal que durará 90 días. La fiscal solicitó la prisión de Baquerizo por un “peligro de fuga” y porque cuando fue detenido la Policía encontró en su maleta USD 33 000 en efectivo. Ella también pidió la retención de las cuentas bancarias del empresario. Estas solicitudes fueron aceptadas.

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