7 de November de 2009 00:00

El juez penal se apega al Régimen de turno

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Redacción Guayaquil

El juez primero de Garantías Penales del Guayas, Ángel Rubio Game, ha mantenido una constante presencia mediática en las dos últimas semanas.
El 28 de octubre pasado acogió un pedido de prisión preventiva contra los dirigentes de la Nueva Junta Cívica de Guayaquil, Giancarlo Zunino y Félix Pilco.

Ambos fueron acusados por el fiscal Mauricio Suárez de separatistas, por colocar vallas con leyendas que declaraban  persona no grata en Guayaquil al presidente, Rafael Correa Delgado.

Pero el jueves pasado los detenidos recobraron su libertad luego de que el mismo juez Rubio determinó en USD 500 la fianza para cada uno de ellos.
   
Tras abandonar la Penitenciaría, tanto Zunino como Pilco anunciaron que plantearán demandas judiciales contra Rubio y Suárez. La razón: afirman que cometieron injusticias en su contra.

“Se cometió una ilegalidad por parte del juez y del fiscal. Este asunto se hizo político. Esto demuestra que este Gobierno no acepta que haya personas que piensen diferente y tratan de atemorizar los puntos de vista contrarios”, manifestó Pilco.

Él cree que Rubio está vinculado al Régimen y que la decisión de mantenerlos presos salió de una orden gubernamental.

Ese tipo de especulaciones ha rodeado al juez Rubio durante los 25 años que lleva como funcionario judicial. Su nombre ha sido ligado a influyentes figuras de la política como el fallecido líder socialcristiano León Febres Cordero, al  Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (Prian) y a Sociedad Patriótica. Pero él siempre lo ha negado.

Por eso, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, lo calificó esta semana como un “juez de alquiler” que “está a la orden del amo de turno”. 
 
“Se buscaron un fiscal y un juez de alquiler (Alianza País) para que apliquen un artículo (128 del Código Penal) que nada tiene que ver con lo que hicieron Zunino y Pilco... ¿Qué tiene que ver eso con el separatismo...?”, se preguntó Solórzano Constantine.

Rafael Cuesta, también miembro de la Nueva Junta Cívica de Guayaquil, calificó a Rubio y al fiscal Suárez como dos funcionarios de la justicia “serviles” al régimen de Rafael Correa.
 
Luis Herrería Bonnet, ex secretario de la Administración del gobierno de Alfredo Palacio y defensor de Zunino y Pilco, también criticó personalmente a Rubio durante una marcha de respaldo a sus clientes.

“No pretenda que este coraje que, justificadamente, tiene el pueblo de Guayaquil se revierta en un coraje contra un juez que esperemos sepa despachar comprometido a las normas constitucionales”, dijo Herrería.
 
Rubio respondió estos ataques afirmando que la Fiscalía fue la que tipificó el delito y solicitó la prisión preventiva de los acusados de separatismo. Él solo proveyó el pedido de medida cautelar. 
  
Pero este no es el único cuestionamiento que ha enfrentado Rubio en su gestión judicial. En  2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó de negligente su actuación en la detención del ciudadano francés Daniel Tibi,   en 1995.

El extranjero denunció  que fue  torturado durante los 28 meses que estuvo recluido en el penal guayaquileño.

El Estado fue obligado a indemnizar a Tibi. A pedido de la Procuraduría General del Estado, Rubio tuvo que pagar  USD 600  al Consejo Nacional de la Judicatura como multa por su cuestionada actuación en ese caso.
     
El ex diputado Carlos González lo acusó ese mismo año de enriquecimiento ilícito. Denunció que el judicial habría adquirido supuestamente propiedades en Miami,  Estados Unidos.
Rubio desmintió las acusaciones y afirmó que se trató de un homónimo. Pero lo que no pudo negar fue un arresto que tuvo en ese mismo país en 1989.
 
En esa ocasión fue acusado de cometer un presunto robo de una camiseta en una tienda de Miami, Florida. Él dijo después que se trató de una confusión.
Su antiguo contendor por la dirección de la Federación de Funcionarios Judiciales del Ecuador (Fenaje), Fidel Chiriboga, también ha advertido su cercanía con el Gobierno y lo ha cuestionado insistentemente.
   
Pero Rubio ha señalado que esas críticas han sido disparadas desde el Movimiento Popular Democrático (MPD) y la Unión Nacional de Educadores (UNE), por ser afines a Chiriboga.   
 
Sin embargo, hace un mes se evidenció su “simpatía” con el Ejecutivo. Coincidió con el ministro de Justicia, Néstor Arbito, en que las reformas penales eran una de  las soluciones para combatir la delincuencia en el país .

¿Quién es?
Es abogado y se desempeña como juez Primero de Garantías Penales y Presidente de la Federación Nacional de Judiciales del Ecuador. Ha sido Juez Tercero Penal, Comisario Provincial de Salud y fiscal. 


Lo que dijo
“La acción penal le corresponde a la Fiscalía. En el presente caso, en la audiencia de flagrancia  tipificó el delito establecido en el artículo 128 del Código Penal y solicitó la prisión preventiva de los acusados”.

Lo que hizo
Acogió el pedido de prisión preventiva en contra de los dirigentes de la Nueva Junta Cívica de Guayaquil, Giancarlo Zunino y Félix Pilco, que hizo el fiscal Mauricio Suárez, por el delito de separatismo.

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