Redacción GuayaquilEl ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral, Juan Xavier Aguiñaga Rivadeneira; y los notarios Julio Olvera Espinoza, trigésimo sexto; y Marcos Díaz Casquete, vigésimo primero, de Guayaquil, están con prisión preventiva.La medida cautelar entró en vigencia al mediodía de ayer, por orden del juez vigésimo noveno de Garantías Penales del Guayas, Víctor Moncada, un día después de la detención de los implicados, durante allanamientos a oficinas públicas de Guayaquil. Las incursiones fueron autorizadas por el juez Vigésimo Sexto de Garantías Penales, Ubaldo Macías, a pedido de la fiscal de la Unidad de Delitos Migratorios, Mónica Rivera. En la audiencia de formulación de cargos, que se inició a las 10:00 y que culminó pasadas las 12:30, sin que haya acceso a la prensa, la fiscal Rivera acusó a los detenidos de falsedad ideológica. Ese delito es sancionado con reclusión de 6 a 12 años, según el Código Penal. Habría sido cometido en la naturalización de 95 cubanos, que tenían menos de dos años radicados en Ecuador.El artículo 68 de la Constitución establece como mínimo ese período de tiempo para que los extranjeros puedan solicitar ese tipo de trámite en el país.“Los ingresos de entrada y salida al país señalan que los cubanos han estado aquí no más de cuatro días y hasta máximo 300 días. La Ley manda que para tener una unión de hecho deben estar acá mínimo dos años”, dijo Rivera.Por ello, la fiscal inició la instrucción fiscal en contra de Aguiñaga, quien es medio hermano de la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga Vallejo. La misma petición hizo la judicial para los notarios Olvera y Díaz. Solicitó la prisión preventiva de todos ellos. El juez Moncada acogió los pedidos, pero a Díaz le concedió arresto domiciliario por tener 67 años de edad. La denuncia planteada el 30 de marzo pasado en la Fiscalía por José Serrano, secretario nacional de Transparencia de Gestión, fue presentada en la diligencia como prueba del delito. En ese escrito el funcionario señaló que las naturalizaciones fueron otorgadas entre enero y febrero pasado, con escrituras públicas de uniones de hecho, elaboradas entre personas cubanas y ecuatorianas. Esos documentos, dice Serrano en su denuncia, estaban certificados por los notarios Olvera y Díaz. “Los notarios, sabiendo que se cometían falsedades, tanto en los testimonios como en las declaraciones juramentadas, celebraban las escrituras públicas…”, se lee en el documento de Serrano. El Secretario Nacional de Transparencia de Gestión indica además que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores del Litoral debía verificar los movimientos migratorios de los extranjeros, pero no lo hizo nunca. “Para cometer el delito se ha estructurado una verdadera cadena de corrupción entre funcionarios públicos”, argumentó Serrano en su demanda.José Ampuero, defensor de Aguiñaga, manifestó que la Subsecretaría no verificó los documentos notarizados porque consideran que tienen plena validez. Pero aclaró que pedían que los certificados migratorios estén refrendados, además de copias del contrato de arrendamiento y de servicios básicos. “No se puede revisar algo que se supone que ya fue revisado. Todos los movimientos migratorios tienen entrada 2007 o antes”.Juan Vizueta, vicepresidente del Colegio de Abogados del Guayas, cuestionó la resolución del juez Moncada porque aseguró que no existen evidencias del supuesto delito. Llamó servil al magistrado por considerar que el caso tiene tintes políticos. “El administrador de justicia se entrega a un Gobierno, a la presión”, expresó Vizueta en tono molesto. Él es defensor del notario Olvera.Anunció que planteará demandas por prevaricato y una queja en el Consejo de la Judicatura. Pero Moncada justificó su fallo.
Un año en la Subsecretaría de RR.EE.Juan Xavier Aguiñaga Rivadeneira se desempeñaba como subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral desde el 4 de febrero del 2009. Fue nombrado por el entonces canciller, Fander Falconí. El 27 de febrero pasado fue cesado en el cargo cuando Ricardo Patiño asumió como nuevo titular de esa Cartera de Estado. Fue reemplazado por Eliana Larrea.Con la nueva funcionaria se produjeron cambios de todo el personal civil y policial de esa dependencia, en Guayaquil. Pero en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta la noche del miércoles pasado, Aguiñaga Rivadeneira constaba todavía como subsecretario. Pero ayer ya no apareció en ella. Es abogado y trabajó en la Regional 1, de la Procuraduría General del Estado, en Guayaquil. Durante la audiencia de formulación de cargos en la Policía Judicial, Aguiñaga y los notarios detenidos recibieron el respaldo de amigos y colegas. Uno de ellos fue el ex candidato presidencial, Jacinto Velásquez. Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores, manifestó ayer, en una rueda de prensa en Guayaquil, que conocía de esas supuestas irregularidades. También confirmó que la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión hacía la investigación desde el 2009. Señaló que por ello tomó medidas con el Ministerio de Gobierno y la Dirección Nacional del Registro Civil, para controlar los matrimonios de extranjeros y la autenticidad de las actas de las uniones con ecuatorianos.Contó que pese a ello, desde el 10 de marzo pasado, han descubierto otros 10 casos en la Subsecretaría del Litoral. “Hemos establecido que para contraer matrimonio en Ecuador, los extranjeros obtengan una visa de no inmigrante, a efectos de constatar que esos matrimonios, no sean fraudulentos”.Patiño expresó que lo sucedido no compromete el cargo de la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga Vallejo. “Ellos son hermanos, pero eso es un asunto totalmente aparte”.
Los allanamientosLa Notaría 37 de Guayaquil fue sitiada por la fiscal Mónica Rivera y agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Lo mismo ocurrió en la Notaría 21. En la primera oficina fueron incautados cinco CPU de computadoras, libros de los trámites realizados y que estaban por realizar, de enero y febrero pasado. La fiscal Mónica Rivera entregó al juez Víctor Moncada 18 cuerpos con el resultado de las investigaciones realizadas por la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión.