En el exterior de la Unidad Judicial de la Familia, al menos unas 50 personas gritaban consignas en contra de la ejecución del proyecto Quito Cables, en medio del resguardo policial. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
La acción de protección presentada por los moradores del barrio San José del Condado, ubicado al norte de Quito, que se resisten a la construcción del Quito Cables, fue desestimada por el juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la parroquia Mariscal Sucre, Max Maldonado.
Según el magistrado no se evidenció el irrespeto ni la vulneración de derechos constitucionales, como el de socialización de proyectos de interés público y participación ciudadana que fueron argumentados por el defensor público Juan Carlos Solano, quien patrocinó a los accionantes, los cuales solicitaban que se detuviera la ejecución del proyecto.
La audiencia, que se llevó a cabo el lunes 19 de junio del 2017, en la sala No. 14 duró más de cinco horas, en las que se evacuaron las pruebas de cargo y descargo.
“A nosotros nunca nos socializaron nada y cuando nos enteramos lo que se iba a hacer nos pusimos a estudiar el proyecto y por eso sabemos que no es viable, que no beneficia a los barrios del noroccidente”, cometó María Piedad Barrionuevo, una de las personas cuyo inmueble será expropiado.
Por su parte, la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), a través de su abogada, Gabriela Mendieta, presentó actas de socialización firmadas en julio de 2016 por moradores de algunos barrios del noroccidente de Quito. “Con esto demostramos que no se ha vulnerado ningún derecho, pues se realizaron las socializaciones, a las que no se podía obligar a los moradores a asistir”, expresó la litigante.
Miembros de la comunidad educativa del Colegio Andrés Bello también participaron como accionantes y señalaron que su preocupación gira en torno a que se les retire la certificación de Bachillerato Internacional por la construcción de una pilona del proyecto cerca de la institución.
Ello también fue refutado por la defensa de la Epmmop, quien expresó que no existiría ninguna relación entre la construcción del proyecto y la certificación que posee el Colegio.
Mientras tanto en el exterior del edificio al menos unas 50 personas gritaban consignas en contra de la ejecución del Quito Cables, en medio del resguardo policial.
Tras conocer la resolución del juez, Solano afirmó que aún existen otras recursos que se podrán tomar. “Podemos plantear recursos como la apelación o aclaración”.
Así también los moradores de San José del Condado aseguraron que no desmayarán y que no permitirán que se efectúen las expropiaciones.
Según Juan Pablo Solórzano, gerente de la Epmmop se ha llegado a acuerdos con los dueños de 18 de 34 predios que serán expropiados.