31 de December de 2009 00:00

Jueces suspendidos por la Judicatura suavizan el delito de Ignacio Chauvín

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Reds. Guayaquil y Judicial
judicial@elcomercio.com

Los jueces de la Corte de Justicia de Esmeraldas cambiaron la inculpación de Ignacio Chauvín, ex subsecretario de Gobierno, en el caso conocido como Huracán de la Frontera. Raúl Llerena, abogado del procesado, lo señaló anoche.

Dos jueces de la Sala Única de lo Penal de la Corte  “empeoraron la situación jurídica de los diversos imputados, pero de manera única mejoraron la situación jurídica de  Ignacio Chauvín, quien de cómplice pasó a ser imputado como encubridor”, dijo Llerena.

Pese a que la resolución favoreció a uno de sus defendidos, el abogado cuestionó a la Sala, porque actuó luego de que cuatro de sus jueces fueron sancionados.

Anteayer, el Consejo de la Judicatura suspendió por 30 días, sin goce de remuneraciones, a Humberto Rodríguez y a Joel Arias, jueces de la Corte Provincial de Esmeraldas, por haber presentado excusa para conocer el caso.

Asimismo,  suspendió con 15 días  a Jacinto Rivera y Eugenio Gijón, conjueces, por no haberse pronunciado sobre lo principal, esto es confirmar, revocar o modificar el   llamamiento a juicio.

“El auto resolutorio de la Sala de Esmeraldas carece de validez, dado que al momento de emitir dicho auto  (ayer), ya era de conocimiento público la sanción de suspensión que pesaba sobre ellos”.

Por presuntas irregularidades en el manejo del juicio el Consejo de la Judicatura también destituyó a siete jueces del Guayas, por actuar “sin competencia”.

Los siete jueces  preparan sus impugnaciones a la resolución de la Judicatura. Así lo anunciaron ayer, al acudir a sus oficinas del Palacio de Justicia, porque supuestamente todavía no eran notificados de la decisión que se tomó la tarde del martes.
 
Luis Santana, uno de los jueces, cuestionó  al organismo y a su presidente Benjamín Cevallos por separarlo de su cargo. Acusó al ente de ser  politizado y de exhibir sus “cabezas como trofeos” para justificar su trabajo de transición.   “Voy a impugnar la resolución”, sentenció el Juez II de lo Penal.

Lo mismo hará Galo Almeida, quien fue destituido del cargo de juez Octavo Penal: “Nos estamos reuniendo con la Cámara de Jueces Constitucionales para ver los caminos a tomar, pero primero necesitamos tener  la documentación en nuestras manos, mientras tanto no podemos hacer nada”.

Él tampoco había sido notificado de su remoción. Lo mismo señalaron Carlos   Ortega y Faustino Castro, jueces de la Primera Sala Penal. Ambos    tramitaron una apelación del fiscal Jorge Solórzano. En esto se demoraron  22 días hábiles, de los 32 que tuvieron el juicio en su poder. 
Según ellos,   tenían   más de 300 días de plazo para resolver ese pedido, porque el juicio tenía 97 cuerpos.

“Nosotros respetamos la decisión pero creemos que es injusta. Vamos a proponer las acciones que nos franquea la Ley, una de ellas la vía contenciosa administrativa”, precisó Ortega. Castro cree que la decisión  es política.

Zoila Alvarado, quien inició el juicio en Guayaquil, no atendió a la prensa, pero estuvo en su oficina del Décimo Tribunal Penal. El delegado provincial del CJ, Fernando Yávar,  aseguró que ella fue notificada verbalmente de su destitución. El resto de judiciales, a excepción de Santana, fue  notificado en   casilleros judiciales.

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