11 de diciembre de 2017 00:00

Jueces revisan cooperación eficaz en caso Odebrecht

Édgar Flores (centro), presidente del Tribunal, convocó al Fiscal para verificar la colaboración de los tres imputados. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

Édgar Flores (centro), presidente del Tribunal, convocó al Fiscal para verificar la colaboración de los tres imputados. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.

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Javier Ortega

En Brasil la calificaron como ‘la madre de todas las delaciones’. 77 directivos de Odebrecht llegaron a acuerdos con las autoridades judiciales y confesaron todo lo que conocían sobre la trama de sobornos. Mencionaron a políticos, empresarios y entregaron datos de transferencias y montos.

En Ecuador, a la figura de la delación se la conoce como ‘cooperación eficaz’ y está en el Código Integral Penal (arts. 491-494). La colaboración, si es comprobable y corroborada, da acceso a una rebaja de la pena de hasta el 90%.

Por ahora, solo tres ecuatorianos investigados por la trama Odebrecht (Gustavo Massuh, Kepler Verduga y José Rubén Terán Naranjo) se han acogido a este beneficio. Aceptaron que participaron en la red de corrupción y proporcionaron datos. Ante eso, la Fiscalía pidió una reducción del 80% de la posible condena.

¿Pero qué tan contundente es la información que entregaron? Solo la Fiscalía lo sabe. La legislación penal garantiza la reserva de los datos (art. 494).

Sin embargo, el Tribunal Penal que maneja el caso de asociación ilícita -donde están imputados los tres- pidió al fiscal general Carlos Baca que exhiba el acuerdo de cooperación y la información que recibió.

Es la primera vez que un Tribunal solicita este tipo de verificación antes de emitir una condena, advierte Gonzalo Realpe, experto en derecho penal. Para él, esto no es usual, tomando en cuenta que la Fiscalía es la ‘dueña’ de la investigación y es la que califica si fue o no eficaz la colaboración.

La revisión de esa información es hoy (11 de diciembre de 2017), a las 10:00, a puerta cerrada
, en la Corte, y solo con la presencia del Tribunal, del fiscal Baca y de los abogados de los tres procesados.

La cooperación de Massuh es la única que ha sido cuestionada. Él reconoció haber intermediado en el contrato que suscribieron Odebrecht y Petroecuador, para levantar el Poliducto Pascuales-Cuenca.  Y dijo haber recibido tres pagos (130 000 euros, 179 000 euros y USD 250 000).

Pero las investigaciones de la Fiscalía refieren que él aparentemente obtuvo más de USD 1 millón de Odebrecht, de los cuales habría consignado USD 200 000 a Ramiro Carrillo, exgerente de Petroecuador.

Según su testimonio, parte de ese dinero se lo entregó en efectivo en Miami y en Guayaquil. También, a través de una factura y electrodomésticos.

Precisamente eso cuestiona Wilson Velasteguí, defensa de Carrillo. Ayer, él aseguró que si el Tribunal solicitó revisar la cooperación es porque hay “duda” de su veracidad.

El abogado señaló que la factura es legítima y que pasó por el control de las autoridades. Además dijo que “no hay constancia” de la entrega del efectivo ni de los electrodomésticos. “(Massuh) no ha entregado una sola prueba, lo peor es que recibe más de un millón, y pretende que le bajen en un 80% la pena, tratando de justificar solo 200 000 que dice haber dado a mi cliente. Solo es su palabra, no hay nada más”.

Édgar Molina, abogado de Massuh, en cambio, agradeció a la Fiscalía por pedir esa reducción. Y aclaró que la colaboración sí fue eficaz.

El miércoles, a las 16:00, se conocerá la pena que recibirán los 9 procesados en asociación ilícita, entre estos Jorge Glas.

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