13 de julio de 2014 00:00

Las causas aún se acumulan, pese a que hay más jueces

En Quito, los juzgados penales trabajan en oficinas que fueron remodeladas. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

En Quito, los juzgados penales trabajan en oficinas que fueron remodeladas. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 5
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 1
Contento 0
Diego Bravo.  Redactor

La familia de Hilda E. ha esperado casi tres años para que se haga justicia por la muerte de su hijo Christian, asesinado la madrugada del 16 de septiembre del 2011 en El Pintado, sur de Quito. Ese día, tres desconocidos lo asaltaron y uno de ellos lo degolló.

El supuesto agresor fue incluido en la lista de los Más Buscados y lo apresaron en noviembre del año pasado.

El Tribunal Octavo de Garantías Penales le dio seis años de cárcel por homicidio simple, pero los familiares de la víctima apelaron ese fallo porque aseguran que el crimen se cometió con saña y la pena era muy baja. Ahora, el juicio está en el Tribunal I de Garantías Penales a la espera de una nueva resolución…

Este caso no es aislado. En una situación similar se encuentran 2,8 millones de causas acumuladas desde el 2 000 hasta junio pasado, lo cual indica que se han incrementado con relación a años anteriores: en el 2013 hubo 2,7 millones y en el 2012 se registraron 2,5 millones.

De la carga procesal registrada este año, el 14% corresponde a materias penales.

“En Quito, el problema radica en que cuando los nueve juzgados penales tradicionales pasaron a flagrancias, todos esos juicios se quedaron en cinco oficinas. Cada una recibió 1 000 procesos de las que se fueron y se atascó el sistema”, dice el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, José Alomía.

Él hace referencia a la resolución número 204-2013, que fuera emitida el 20 de enero pasado por el Consejo de la Judicatura y habla de reforzar la Unidad de Flagrancia con nueve juzgados de Garantías Penales, cuyo personal pasó a esta dependencia.

Con esta medida, los juicios que se tramitaban en esas oficinas pasaron a otros cinco juzgados de Garantías Penales por resorteo. Los cambios son parte del proceso de reformas que se implementan en el sistema de justicia en el país desde hace dos años y en el que se han invertido cerca de USD 1 100 millones.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, ha reconocido que uno de los problemas en el país ha sido la falta de jueces para despachar las causas. Por eso se contrató más jurisconsultos y actualmente en el país existen 12 por cada 100 000 habitantes y ha alcanzado el promedio latinoamericano.

Hace dos años el índice era de cinco. En cuanto a la demora de los juicios, la entidad sostiene que ahora en flagrancias se producen resoluciones entre 3 y 5 veces más rápido. Por eso, la Judicatura tiene previsto incrementar jueces y Tribunales Penales para las unidades de flagrancias de Quito y Guayaquil.

La lentitud de cómo avanza el proceso afecta a la familia de Hilda E., quien acude casi todos los días a los tribunales penales para preguntar por el trámite de su juicio.

Dice que su sueldo de peluquera no le alcanza para solventar los gastos de los abogados y tiene problemas en los nervios por las crisis emocionales que sufre al recordarlo. El único consuelo de la mujer es su nieto que es “idéntico” a su hijo.

Cuando lo enterraron en el cementerio de San Diego, la mujer lo iba a ver todos los días y lloraba sobre la tumba.
Lo realizó durante dos meses hasta que el psicólogo le recomendó que no lo hiciera para no perjudicar la salud.

En esos momentos, las palabras de sus otros dos hijos le dieron fuerza: ¡“mamá, a nuestro hermano no le gustaría verla así! ¡Luche y siga adelante!”, le decían.

Pese a que el caso de la mujer no avanza desde el 2011, la Judicatura destaca que hay avances y que los juicios penales se demoran menos tiempo que antes. Según un reporte del organismo rector de la Justicia en el país, 74 días es el promedio que dura una resolución en materia penal de flagrancias en Ecuador.

Abogados penalistas también indican que ahora los juicios se demoran menos tiempo. Uno de ellos es el catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Albán. “Hay mejoras en los procesos penales. Bajo el modelo procesal anterior se demoraban bastante. Hoy se despacha de una forma más ágil, pero la rapidez a veces va en desmedro de la calidad del análisis de los jueces”.

Hilda E. coincide con ese criterio. A su juicio, la pena que recibió el sospechoso por la muerte de su hijo no es la que corresponde porque el análisis del juez no fue correcto. Por eso, ella cuenta que hasta se reunió con el asesor de Gustavo Jalkh para pedirle que la ayude en su caso. Cada vez que tiene citas de ese tipo lleva una carpeta con las imágenes de Cristian.

Le indigna que el jurista haya dicho que se trataba de un homicidio simple y llora al recordar ese episodio.

Ella también presentó una queja en contra del juez. Según los datos oficiales que reposan en el Consejo de la Judicatura, 31 fueron destituidos en lo que va de este año.
De ese grupo, al menos cinco corresponden a Pichincha y nueve a Manabí.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)